elconfidencial.com, Eduardo Segovia, 05 de enero – La oposición rotunda de la banca al proyecto de código de buenas prácticas para gestionar la devolución de las cláusulas suelo ha dado su fruto. El Gobierno ha decidido retirar este proyecto y volver a la idea inicial de que los bancos se sometan a una mediación obligatoria por parte de una comisión independiente. Pero no será obligatorio acatar la resolución de este comité, de ahí que sea una mediación y no un arbitraje (cuyo resultado sí es de obligado cumplimiento). En consecuencia, el proyecto se queda en un brindis al sol, puesto que las entidades que no han sido condenadas por el Supremo se negarán a devolver el dinero con toda probabilidad, y los clientes tendrán que ir a los tribunales de todas formas.

Como adelantó El Confidencial, la banca consideraba «inasumible» la redacción inicial del código, puesto que imponía unas condiciones tan duras que implicaban, en la práctica, que todas las cláusulas de todas las entidades se considerarían nulas sin sentencia judicial y que el cliente tendría derecho a recuperar todo lo cobrado de más desde la firma de la hipoteca, de acuerdo con la famosa sentencia del Tribunal de la UE del 21 de diciembre. Ante este rechazo, y como el PSOE también se oponía al texto porque la adhesión al mismo era voluntaria, ha decidido abandonar el proyecto, según informaba este jueves el periódico ‘ABC’.

Según fuentes conocedoras de las negociaciones, inicialmente el Gobierno pretendía imponer un arbitraje, pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo reconvirtió en un código de buenas prácticas del estilo del que se aplica a los desahucios desde 2012, idea de la que se apropió el titular de Economía, Luis de Guindos. Tras desistir de ella, ha vuelto al planteamiento original, que recibirá el nombre de ‘Protocolo de actuación para las cláusulas suelo’. El carácter obligatorio de la medida para los bancos es una concesión a la principal exigencia del PSOE, que se quejaba de que una medida tan dura como el código no iba a tener efecto si era voluntario adherirse a ella.

Ahora bien, la nueva medida —que todavía podría modificarse antes del Consejo de Ministros del 13 de enero— tampoco va a tener resultados prácticos, ya que no obliga a las entidades a aplicar las resoluciones de la comisión mediadora. Lo cual hace complicado que el principal partido de la oposición dé su visto bueno. Y eso que el PSOE también va a conseguir otra de sus peticiones, según las fuentes citadas: que se tramite como proyecto de ley, aunque tendrá la forma de real decreto-ley para que pueda entrar en vigor de inmediato. Eso responde al planteamiento de Ciudadanos de que esta solución extrajudicial sirva para evitar un colapso de los juzgados, para lo cual es indispensable que entre en vigor cuanto antes.

El Gobierno no puede obligar a devolverlo todo

La decisión del Ejecutivo responde a que no puede obligar a toda la banca a devolver íntegramente lo cobrado por las cláusulas suelo desde el inicio sin sentencia judicial firme. Aquí hay que distinguir dos bloques de entidades. Por un lado, las que no han sido condenadas aún por el Supremo, que defienden que sus cláusulas eran transparentes y que no piensan devolver el dinero —y en algunos casos, tampoco las han quitado a futuro, como el Sabadell— hasta que no lo sean. Por otro, están aquellas que sí han sido condenadas y han devuelto lo cobrado de más hasta mayo de 2013 —BBVA, Abanca, Cajamar, Popular y las antiguas Caja Segovia y CajaSur—, pero que se aferran al principio de «cosa juzgada» para no reembolsar las cantidades anteriores a esa fecha.

Es decir, ninguno de los dos grupos pretende devolver todo lo cobrado desde la firma de las hipotecas salvo que sean condenados uno a uno por el Supremo. Y el Gobierno no puede imponérselo en un decreto-ley. Lo cual explica estas fórmulas que al final no comprometen a nada: o un código duro de adscripción voluntaria, o un protocolo obligatorio pero sin aplicación forzosa de la resolución del mediador.

Retrasar el impacto todo lo posible

Según confirman las fuentes, tanto el borrador del código como la comisión mediadora aplican las condiciones establecidas por el Supremo en 2013 para que sus cláusulas no se consideren nulas: la más destacada es haber ofrecido al cliente «simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual». Algo que no hizo prácticamente ninguna entidad en su día, por lo que estas mediaciones probablemente van a declarar nulas casi todas las cláusulas.

Los negociadores del decreto sostienen que la única forma de determinar la validez o nulidad de las cláusulas tiene que ser la aplicación de los criterios del Supremo, y que si los bancos no cumplen las resoluciones de la comisión, el alto tribunal lo acabará aplicando en sus sentencias y condenándolos, con lo que solo se está agilizando el proceso y evitando el atasco de los tribunales civiles con miles de demandas (aparte de que los bancos se ahorrarán las costas). «La probabilidad de que la banca gane sentencias en contra de la opinión de este órgano extrajudicial es mínima», señala una de estas fuentes. Pero, para el sector, ganar tiempo es crucial, ya que así pueden periodificar el impacto de la devolución en sus cuentas de resultados. Además, tienen la obligación de agotar todas las vías para defender los intereses de sus accionistas.

Una comisión arbitral sin la banca

Como ha informado El Confidencial, la citada comisión inicialmente iba a contar solo con representantes de la Administración (Economía y Banco de España), así como de los registradores de la propiedad. Ciudadanos forzó la inclusión de un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios, pero la banca quedó fuera ya que, de lo contrario, sería juez y parte. Algo que también ha sentado muy mal al sector, que considera que se le niega la posibilidad de defenderse.

Algunos negociadores abogan por que el nuevo protocolo establezca que, en vez de devolver el dinero cobrado de más, los bancos reduzcan las cuotas que les quedan por pagar a los hipotecados mediante una novación del préstamo. De esta forma, las entidades no tendrían que apuntarse una pérdida sino un menor beneficio en el futuro —algo para lo que el Banco de España tendría que dar su visto bueno—. Además, evitaría que los afectados tuvieran que hacer declaraciones complementarias a Hacienda por lo que se dedujeron de más en el pasado; se deducirán de menos en el futuro.