Generalitat y Estado abren una negociación sobre la invasión catalana de competencias en el texto que incluye la expropiación forzosa de pisos vacíos. El conflicto podría acabar en el Tribunal Constitucional.

Barcelona/ C.de Angelis/ P.Riaño.- Las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña ya no son tan plácidas como antes de las elecciones. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto tres conflictos con la Administración catalana por invasión de competencias. El principal de ellos hace referencia a una de las leyes más polémicas aprobadas por el tripartito de José Montilla: la Ley catalana de derecho a la vivienda, entre cuyas medidas figura la expropiación forzosa de las viviendas que permanezcan vacías durante más de dos años.

El pasado 11 de marzo, sólo dos días después de los comicios generales, la comisión bilateral Estado-Generalitat decidió crear una mesa de negociación “para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación a la Ley de derecho a la vivienda, con especial consideración a sus artículos 32, 47 y 48”. El conflicto surge del Gobierno, que considera que la Administración catalana invade sus competencias. En caso de no alcanzar un punto común en los próximos seis meses, el Gabinete de Zapatero podría trasladar el conflicto al Tribunal Constitucional a través de un recurso.

Detalles
La ley de vivienda catalana fue impulsada por el conseller ecosocialista Francesc Baltasar, que estas últimas semanas ha mantenido diferencias con el Ministerio de Medio Ambiente por las soluciones a la sequía que afecta a Barcelona. A pesar de las recomendaciones del consejo consultivo catalán y de la oposición, Baltasar no eliminó del texto el artículo que regula la expropiación forzosa de las viviendas vacías para ponerlas en el mercado de alquiler (el número 42.6) y, ahora, el Gobierno pone en duda la ley .

Los reparos del Ejecutivo –cuya nueva titular de Vivienda es Beatriz Corredor– hacen hincapié, en primer lugar, en el artículo que prevé “la expropiación u ocupación temporal en edificios en régimen de propiedad horizontal” (número 32). La ley contempla la posibilidad de expropiar elementos comunes de las fincas para cumplir las exigencias de conservación y rehabilitación de inmuebles.

Los otros artículos cuestionados por el Gobierno se refieren a los procesos de denuncia de discriminación en derecho a la vivienda y a la legitimación de las personas jurídicas para defender derechos e intereses legítimos colectivos.
La vivienda no es el único conflicto de competencias sobre la mesa de reuniones del Gobierno y la Generalitat.

También discutirán, en el marco de la Comisión Bilateral, sobre la potestad de imponer sanciones ante infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Concretamente, la negociación se centrará en quién debe imponer sanciones cuando las conductas objeto de infracción excedan el ámbito territorial de una comunidad autónoma. La tercera materia de desacuerdo hace referencia a la Ley de desarrollo sostenible del medio rural y a la “delimitación y calificación de zonas rurales”.

Otras diferencias
La agenda de la comisión bilateral, creada por mandato del Estatut como marco general de relaciones entre Estado y Generalitat, será intensa en los próximos meses. Además de las numerosas transferencias pendientes a la Generalitat, entre las que destaca Cercanías, el acuerdo más difícil será el del nuevo sistema de financiación de la Administración catalana.

El conseller Antoni Castells, titular de Economía, ha endurecido el tono contra el Gobierno durante los últimos meses y acusa al Ministerio de Economía de lucir un superávit logrado a costa de “transferir déficit” a las comunidades autónomas. La nueva actitud del PSOE hacia el tripartito ha llevado a Castells a volver a reclamar un grupo propio del PSC en el Congreso, idea rechazada por Celestino Corbacho, nuevo ministro de Trabajo e Inmigración. El conseller también ha invitado a CiU a defender junto a los tres socios de la Generalitat los anhelos catalanes en financiación.

Baltasar, discutido en Barcelona y en Madrid
Francesc Baltasar, conseller de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, no puede presumir de unas buenas relaciones con el Gobierno de Madrid, y también es uno de los más cuestionados en el Parlamento de Barcelona. Su propuesta de llevar a cabo un trasvase del Segre topó con la rotunda negativa del Gobierno, mientras fue reprobado por la oposición en Cataluña por revelar un “pacto de silencio” con el Ministerio de Medio Ambiente sobre este proyecto.

Finalmente, el Gobierno central ha decidido buscar por sí mismo una solución a la sequía que ha acabado apoyando el propio presidente catalán, José Montilla, lo que ha dejado en una posición más que incómoda a Baltasar. Incluso algunos miembros de ICV en Tarragona han pedido su dimisión por permitir ahora el trasvase del Ebro.

Expansión.com 22.04.08

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