El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona (APCE), Enric Reyna, avisó hoy de que la nueva Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, que entró ayer en vigor, comportará un aumento de costes, por lo que instó al Govern a aplicarla con “realismo”.

Barcelona/ Europa Press.- En declaraciones a Europa Press, Reyna aseguró que el sector “no está con la suficiente alegría como para aplicar según qué medidas”, y apostó por priorizar aquellas ordenanzas “urgentes” y a no obligar “de forma inmediata” la aplicación de aquellas que no sean “imprescindibles”.

Asimismo, el representante de los promotores argumentó que toda normativa comporta un aumento de costes y destacó que su entrada en vigor llega “en el peor momento”, ya que la coyuntura actual lleva a “abaratar costes”, con lo que instó a la administración a aplicar la Ley de forma “responsable”, ya que muchas veces “la utopía no está reñida con la realidad”.

Según Reyna, algunos temas que trata la Ley, como la problemática de la sobreocupación –contemplado en el Decreto de Condiciones de Habitabilidad–, “preocupan y se deben resolver”, pero que no “son fáciles” de solucionar, ya que deben tener en cuenta el concepto de “necesidad”.

Al respecto, explicó que hay casos en que en una misma vivienda habitan muchos miembros de una unidad familiar “por necesidad”, y que si la Ley determina un número máximo de habitantes por inmueble, el Govern deberá replantearse qué solución dará a estas familias.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Barcelona, Rosa Maria Remolar, explicó a Europa Press que los efectos de la Ley no se percibirán “antes de tres años” y destacó el componente social “importante de la normativa”.

Además, coincidió con Reyna en que la nueva normativa comportará un aumento de costes y destacó que muchos de los reglamentos de la normativa dependen de los municipios, que ya se han quejado de que les faltan medios para desarrollar la Ley.

Asimismo, Remolar avisó de que la falta de recursos en la coyuntura actual del sector puede provocar que las nuevas construcciones se asemejen a las de los años 60 y 70, cuando los edificios tendían a una uniformidad sin “creatividad y atractivo”.

PUEDE “DECEPCIONAR” A LA CIUDADANIA
El presidente del Consejo Catalán de Colegios de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, Ernest Oliveres, también se pronunció sobre la nueva Ley y manifestó a Europa Press que la normativa puede “decepcionar” a la ciudadanía, ya que, aunque quiere dar una respuesta al acceso a la vivienda, la coyuntura actual no facilita las cosas.

Por último, Oliveres indicó que la situación actual del sector requerirá de “esfuerzo e imaginación” y apostó por el precio concertado catalán –más elevado que el precio de vivienda protegida, pero menor que el precio libre– para dar salida al stock de pisos que poseen muchos promotores.

Finanzas.com 10.04.08

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