El empeoramiento de la crisis que azota al sector inmobiliario asusta a las empresas y a las Administraciones. Por ello, el Ministerio de Vivienda, a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), está dispuesto a absorber una parte del stock de casas nuevas sin vender. La idea es que la SPA las alquile para asegurar al promotor un flujo estable de ingresos.

Madrid/ Raquel Díaz Guijarro.- Al mismo tiempo que se suceden los datos estadísticos que constatan una crisis inmobiliaria más severa de lo que se estimó al principio, son más las voces que reclaman a la Administración una intervención a imagen y semejanza de lo ocurrido en EE UU. En este sentido se enmarca la iniciativa que ultima la Sociedad Pública de Alquiler. Esta entidad ofrece a los promotores que cuentan con grandes bolsas de vivienda nueva terminada sin vender la posibilidad de asumir la gestión de esas casas y ponerlas en alquiler.

La SPA se convertiría así en el arrendador de dichos pisos y sería la encargada de encontrar inquilinos para ellos y cobrarles la renta. Una vez firmado el contrato por un plazo de cinco años el promotor comenzaría a recibir mensualmente el alquiler acordado durante todo ese tiempo, incluso en el caso de que el arrendatario decida abandonar el inmueble antes de concluir los cinco años, tal y como garantiza la SPA a todos los propietarios particulares. Para las empresas inmobiliarias, pasar de la compra al alquiler es una de las opciones que tienen si quieren mejorar su liquidez, aliviar su elevado endeudamiento y dar salida al stock de casas sin vender, que la patronal madrileña Asprima acaba de cifrar en unas 400.000. “Esa cifra, según está el mercado, será mucho más abultada a final de año”, recuerda el presidente de Asprima, José Manuel Galindo.

Fuentes conocedoras del proyecto confirmaron a CincoDías que al principio eran mayoritariamente las pequeñas empresas, acuciadas por graves problemas financieros, quienes se interesaban por esta iniciativa. Sin embargo, desde finales de 2007 representantes del grupo de las principales inmobiliarias del país (G-14) y del Ministerio vienen manteniendo conversaciones sobre esta posibilidad, hasta el punto de que poco antes de las elecciones del pasado 9 de marzo estuvieron a punto de rubricar un acuerdo por el que la SPA asumía la gestión del alquiler de no menos de 30.000 casas procedentes del stock del citado lobby. Finalmente, optaron por posponerlo hasta después de los comicios.

 “La principal preocupación del sector es a día de hoy cómo recomponer su tesorería en un momento en el que no se vende prácticamente ninguna casa, los suelos han perdido valor, el mercado financiero está seco y los trámites urbanísticos continúan siendo extremadamente lentos”, explican desde Analistas Financieros Internacionales (AFI). Los promotores entienden que si se ponen las condiciones adecuadas para poder sacar al mercado los pisos que tienen sin vender, “esto podría suavizar la rigidez a la baja que suelen tener los precios inmobiliarios”, advierte Galindo. Por su parte, desde el Ejecutivo n funciones recuerdan “que si quieren apostar por el alquiler, saben que con la SPA lo tienen muy fácil”. Desde octubre de 2005 hasta febrero pasado la sociedad pública ha contabilizado una entrada de más de 33.000 casas y ha entregado poco más de 6.200 llaves.

Arrendar con opción a compra
La patronal Asprima confirmó recientemente que tiene previsto reclamar a través de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) al nuevo Ejecutivo la puesta en marcha de una batería de medidas para intentar frenar el parón inmobiliario. De hecho, temen que la actual crisis cueste casi un punto y medio de crecimiento al PIB este año, que se situaría en el 2,4% y un recorte de 700.000 empleos hasta 2009. Los promotores verían con buenos ojos la puesta en marcha de incentivos para sacar al mercado casas en stock en régimen de alquiler con opción a compra.

Desde la SPA recuerdan que esa posibilidad existe ya desde que la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 la reconoció a finales de 2007. Es decir que aquellos promotores que finalmente decidan ceder su stock a la Sociedad Pública para alquilar, al término de los cinco años de contrato podrán venderlas, pero en ningún caso participará la empresa pública en esa operación. Hasta finales del año pasado el plan cuatrienal no contemplaba el alquiler con opción a compra. Sólo algunas comunidades autónomas como Madrid desarrollan promociones en las que los pagos realizados por los inquilinos cuentan a la hora de hacer frente a la compra.

Pisos libres que se tornan protegidos
Otra de las fórmulas que ya están a disposición de las promotoras para intentar vender las casas ya terminadas es convertirlas en viviendas con algún grado de protección, lo que implica una rebaja en su precio. En el caso de las grandes capitales, el recorte que tendrían que aplicar para acogerse a la calificación de vivienda protegida o de precio concertado supera en muchos casos el 30%, por lo que Asprima admite que esta fórmula no está teniendo el éxito esperado. “Aunque la medida va en la buena dirección, conlleva un fuerte sacrificio por parte de las empresas sin que éstas reciban ninguna compensación por ello, lo cual creemos que debería corregirse”, sostienen en esta patronal.

En los últimos días empresas y numerosos expertos del sector han intensificado sus peticiones a las Administraciones Públicas. Además de subvenciones directas, los promotores quieren que el Gobierno ponga en marcha incentivos fiscales, “aunque sea con carácter temporal”. Como estímulo a la demanda de vivienda, en algunos foros se ha llegado a plantear que se recupere la desgravación fiscal por compra de segunda residencia y la ampliación de la que actualmente existe. Desde Hacienda se ha descartado cualquier cambio en este sentido.

CincoDías.com 31.03.08

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