El Gobierno ha prorrogado hasta enero de 2020 el Fondo Social de Vivienda (FSV), destinado a facilitar el acceso a una vivienda a familias vulnerables, según ha informado este jueves el Ministerio de Economía y Empresa en una nota. Este fondo se puso en marcha en enero de 2013 con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras, y en la actualidad el Fondo cuenta con más de 9.600 viviendas.
Desde su constitución hasta junio de 2018 se han tramitado 10.244 contratos de alquiler. Estos inmuebles, propiedad de las entidades de crédito, están destinados a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, mediante un arrendamiento a precios reducidos, entre 150 y 400 euros al mes.
La prórroga ha sido acordada por el Ministerio de Economía y Empresa con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, la Asociación Española de Banca, la Asociación Hipotecaria España, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.
El Fondo Social de Vivienda se creó con el objetivo de ofrecer cobertura a aquellas personas desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social.
Condiciones para acceder al Fondo Social de Vivienda (FSV)
Al fondo pueden acceder las personas físicas que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que en el momento de la solicitud los ingresos familiares no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), ni dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo.
Asimismo, los solicitantes deberán encontrarse en uno de los supuestos de especial vulnerabilidad fijados, que pasan por tratarse de una unidad familiar con hijos menores de edad; una unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo o unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite.
También se contempla la unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones; aquella en la que exista alguna víctima de violencia de género, y las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un «activo indispensable» para su inclusión social
Igualmente, en los supuestos de especial vulnerabilidad también figuran las personas mayores de 60 años, las personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos, y otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas.
