El Gobierno considera que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el real decreto ley en materia de alquiler aprobado el año pasado no cambia «en absoluto» la política de vivienda estructural del Ejecutivo.

Así lo ha afirmado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, quien, en declaraciones a la prensa, ha querido trasmitir un mensaje «de tranquilidad» a los ciudadanos, diciendo que la sentencia del Constitucional no cambia «para nada» las políticas sociales incluidas en el decreto.

De hecho, Saura cree que el tribunal avala el carácter de «urgencia» de las 20 medidas sociales en materia de alquiler incluidas en la nueva normativa, como la ampliación de la duración de los contratos de tres a cinco años o la limitación de aumento de precios al alquiler durante toda la vigencia del contrato, en contra del recurso presentado por el PP sobre el que el Constitucional se ha pronunciado, que alegaba contra este carácter «urgente» del decreto.

Para Saura, a falta de conocer todos los términos de la sentencia, el Constitucional ha avalado todas estas medidas sociales como «urgentes», tumbando así el recurso presentado por los ‘populares’, excepto en dos únicas disposiciones, que el tribunal no considera urgentes y que pretendían movilizar suelo público para la construcción de vivienda en alquiler a precios asequibles.

Prosigue con su plan

El secretario de Estado ha explicado que el Gobierno decidió introducir estas disposiciones en este decreto como una «señal» de su política de vivienda, aunque no fuesen urgentes. Sin embargo, Saura ha hecho hincapié en que lo único que ‘tumba’ el fallo es ese carácter de urgencia, por lo que no impide al Ministerio proseguir con sus planes de movilización de suelo público.

En concreto, su departamento ya ha cerrado 120 acuerdos para desarrollar esa política, empezando por la tramitación para la construcción de 5.000 viviendas para alquilar a precio asequible en colaboración con otras administraciones.

Se trata de una serie de licitaciones que comenzarán a salir «en los próximos meses», con el fin de que los particulares adquieran ese suelo bajo determinadas condiciones y precios para construir viviendas posteriormente, sobre todo en las zonas «más tensionadas» del país, aunque no ha querido concretar las regiones.

Habilita establecer un índice de precios

El aval del Constitucional a la mayor parte del decreto también le permite al Ejecutivo elaborar un sistema estatal de índices de referencia de precios para viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte a medidas de carácter fiscal.

El decreto fue aprobado en marzo de 2019 y convalidado un mes más tarde en el Congreso con los apoyos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís y EH-Bildu; los votos en contra de PP y Ciudadanos; y la abstención de UPN.

En el recurso interpuesto por el PP, admitido a trámite dos meses después de la convalidación del decreto, la formación alegaba que la norma no respeta el presupuesto habilitante establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, que exige la extraordinaria y urgente necesidad ni las materias vedadas a los decretos leyes, por afectar al deber de contribuir.

Los ‘populares’ cuestionaron la utilización de «porcentajes descontextualizados» y la ausencia de una «verdadera estadística» en las justificaciones del Gobierno sobre la urgencia para aprobar este decreto.