Asufin ha denunciado que el Gobierno todavía no ha mostrado su intención de quitar el índice IRPH de las viviendas de protección oficial (VPO) que lo tienen y ha reclamado que aclare si lo hará. Pues los afectados, en estos casos, no pueden reclamar en los tribunales, sino que dependen de que el Consejo de Ministros apruebe su modificación, según ha asegurado la asociación en un comunicado.

La asociación de usuarios financieros ha criticado la respuesta que el Ejecutivo dio por escrito a la pregunta del Grupo Compromís sobre si eliminará el IRPH que todavía soportan los hipotecados de varias promociones de vivienda protegida, en la que indicó que los tipos de interés previstos en los contratos de préstamo no se fijan por disposición pública, sino que son el resultado de la operatividad del principio de libertad de pactos entre prestamista y prestatario.

Sin embargo, desde Asufin y la Coordinadora Nacional Plataforma de afectados por VPO aseguran que los tipos de interés de VPO son fijados en Consejo de Ministros y compete al Gobierno su modificación, por lo que han instado al Ejecutivo a «que cumpla con los compromisos adquiridos en el pasado».

En este sentido, ha recordado que el acuerdo rubricado en la Comisión de Fomento, en noviembre de 2017, que aprobó con modificaciones la proposición no de ley sobre el interés de vivienda protegida presentada por el grupo parlamentario socialista, pidió al Gobierno fijar un nuevo procedimiento de cálculo de estos tipos de interés de préstamos para la adquisición de vivienda protegida, «más justo y orientado a su función social» que el IRPH.

La Coordinadora Nacional Plataforma de Afectados por VPO ha lamentado que el Gobierno no haya dado respuesta a este asunto y Asufin ha apoyado la causa, al tratarse precisamente de hipotecados que acceden al mercado de la vivienda a precios más ventajosos por su condición de mayor vulnerabilidad.

«No se entiende que el índice de referencia se fije al IRPH, cuando se ha demostrado que supone un claro sobrecoste con respecto al Euríbor. Se trata de una injusticia flagrante que solo el Gobierno está en condiciones de corregir», ha afirmado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.