La limitación al precio de los alquileres en la que trabaja el Gobierno y que incluirá en la futura Ley de Vivienda, para su aprobación en el primer trimestre del año que viene, no será de obligado cumplimiento por los ayuntamientos, que serán las administraciones encargadas de su gestión.

Así lo ha avanzado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante su participación en el ‘Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad’, organizado por El Español e Invertia.

«En principio, no es obligatorio para los ayuntamientos, el que entienda que debe hacerlo lo hará y quien no lo vea así, seguramente no lo hará«, ha explicado el ministro, añadiendo, no obstante, que la ley todavía se encuentra en estudio y es susceptible de ser modificada.

Ábalos: «no se trata de una imposición»

De esta forma, Ábalos ha descartado que se trate de una imposición, sino de unas referencias basadas en un sistema de indicadores que se obtiene, entre otros datos, de lo que los propietarios declaran que están cobrando actualmente.

El titular de Transportes ha defendido que esta limitación se tramite en forma de ley y no a través de un decreto y ha destallado que el resultado de la aplicación de la referencia de precios no tendrá por qué ser negativo, sino que podría traducirse en incentivos.

Asimismo, ha recordado que el acuerdo programático para la formación del Gobierno de coalición con Unidas Podemos hacía referencia a esta limitación del precio, pero solo en determinadas ciudades e incluso en distritos específicos dentro de estas, en todo caso siempre dando la elección a los ayuntamientos.

Ocupaciones y desahucios

En materia de vivienda, también se ha referido al fenómeno de las ocupaciones, afirmando que «lo de que te vayas el fin de semana y te ocupen la casa es una exageración». «Las ocupaciones no se producen en ese orden», ha añadido.

Sin embargo, sí que ha indicado que la sociedad necesita saber que eso no va a pasar, por lo que cree que es importante abordar este asunto «con todo rigor» y no «producir más conflicto como solución a los problemas».

En este sentido, y respecto a los desahucios, Ábalos ha urgido a «encontrar el punto exacto, introduciendo elementos de racionalidad y humanidad en la búsqueda de una respuesta razonable: todas las medidas tienen que hacerse conforme a la ley, evidentemente, y garantizando la seguridad jurídica como bien fundamental».

El ministro se ha centrado, como solución a ambos fenómenos, en ofrecer alternativas ocupacionales de forma coordinada con los ayuntamientos en el plano de servicios sociales y, con las comunidades, en tanto en cuento tienen las competencias de vivienda.

Respecto a la futura Ley de Vivienda, Ábalos ha resaltado que se trata de la primera ley estatal en toda la democracia y que tiene el objetivo de amparar este derecho constitucional, garantizando su función social sin que se menoscaben los derechos adquiridos por los ciudadanos.