El Pleno del Congreso examinará este martes la ley impulsada por los sindicatos y los colectivos de vivienda, que han convocado una concentración en la Plaza de las Cortes para exigir el apoyo al PSOE y así evitar que la iniciativa decaiga.

Y es que dando por sentado el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos, contrarios a la regulación de alquileres, la proposición de ley únicamente puede superar su primera votación, la de admisión a trámite, con el respaldo de la principal formación del Gobierno de coalición.

Hasta ahora, los colectivos de vivienda impulsores de la norma cuentan con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias, grupos que avalaron la iniciativa en su registro.

Llega al Pleno antes que la ley del Gobierno

La iniciativa, que contempla la regulación de precios del alquiler, fue presentada el pasado mes de septiembre por los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones, cuando PSOE y Unidas Podemos aún negociaban la nueva Ley de Vivienda y la regulación de precios del alquiler.

Una vez aceptó el PSOE la intervención de precios, el Gobierno aprobó a finales de octubre en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que aún está pendiente de salir de Moncloa como proyecto de ley y por tanto aún no ha llegado a las Cortes Generales.

La propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ya ha avanzado su intención de poder aprobar la norma como proyecto de ley y remitirla al Congreso antes de finalizar el año, en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre.

Objetivo: un 20 % de vivienda social en 20 años

Pero el Congreso debatirá primero la propuesta de los sindicatos y las plataformas de vivienda. Según confirman a Europa Press fuentes parlamentarias, al menos Esquerra, Bildu, la CUP, BNG y Compromís tienen intención de defender la iniciativa en la tribuna.

La propuesta de los movimientos sociales, denominada ‘Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada’, a la que ha tenido acceso Europa Press, está dirigida a hacer real y efectivo el derecho de toda persona «a una vivienda digna, adecuada y asequible».

Para ello, contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero también en la regulación hipotecaria, judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.

Zona tensionada si la renta media supera el 30 % de ingresos medios

Respecto al alquiler, la reforma planteada por los sindicatos y los colectivos de vivienda habilita a declarar zonas tensionadas a partir de una serie de circunstancias, como que la renta media supere el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

Esta declaración de zona tensionada podrá ser de hasta cinco años, se podrá prorrogar año a año, y habilitará a los ayuntamientos a aplicar las medidas que consideren para determinar, a partir del índice de precios, rentas máximas en los alquileres.

Habilita recargos del IBI a vivienda vacía de grandes tenedores

También se regula en la ley la información que deben recoger los contratos de alquiler, y los gastos que deben asumir las partes. También habilita políticas de control del alquiler turístico y crea un registro de contratos para poder ser utilizado por organismos públicos para la consecución efectiva de los fines de la ley y con fines estadísticos

Otra medida, esta dirigida a aumentar la oferta de vivienda, pasa por habilitar a los ayuntamientos a aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías de los grandes tenedores. Asimismo, se anula el régimen fiscal especial de las Socimis, que pasarían a tributar en el régimen general.

Prohibición de desahucios sin alternativa

Por otro lado, la ley establece la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y también trata de garantizar los suministros básicos, aplicando el principio de precaución en caso de impago, y con una tarifa social de agua, gas y electricidad, a financiar por empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras.

También regula la dación en pago, modifica la Ley Concursal para mejorar el derecho a una segunda oportunidad, limita la responsabilidad al bien hipotecado, e impide el embargo de la única vivienda de las terceras personas que avalen un préstamo.