La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reivindicado el impulso por parte del Gobierno central «de la primera ley de vivienda de la historia de la democracia», que se aprobará el martes 1 de febrero.

«Han tenido que pasar 40 años para reconocer la vivienda como un derecho y para que las administraciones públicas hagamos políticas para garantizar la efectividad de este derecho y evitar la especulación«, ha destacado en un acto en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde ha firmado un protocolo de actuación de la Agenda Urbana con la alcaldesa del municipio, Núria Parlon, ante la presencia también de la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay.

Según la ministra, hay que garantizar que las familias puedan desarrollar su proyecto vital en un entorno favorable, así como ayudar a los más vulnerables y con menos ingresos, y por ello, afirmó que los fondos europeos supondrán «una auténtica transformación del país, de la economía, de las ciudades y barrios y de las viviendas».

«Sin vivienda no hay dignidad», ha recalcado Sánchez, que ha constatado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año destinan 3.200 millones de euros a políticas de vivienda, mientras que el PP le dedicó 475 millones cuando gobernaba.

También ha concretado que del Plan Estatal de Vivienda llegarán a Catalunya 400 millones, y que a todo ello hay que sumarle las ayudas del bono joven y otros planes y recursos para multiplicar la rehabilitación de viviendas.

Un total de 250.000 euros

Tras reconocer el trabajo hecho desde Santa Coloma de Gramenet en este ámbito en los últimos diez años y en la recuperación de espacios, la ministra ha explicado que la firma del protocolo de actuación de la Agenda Urbana permitirá a la ciudad desarrollar su plan de acción con 250.000 euros y «mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas».

En su opinión, esto debe contribuir a consolidar una recuperación económica «justa, con transformación ecológica y digital y que ahonde en la cohesión social y territorial y poniendo en el centro una mirada feminista».

Así, ha explicado que la Agenda Urbana pretende dotar a las ciudades de planes de sostenibilidad que les permitan reorientar las políticas de movilidad, dando prioridad al transporte público, a los peatones y a las bicicletas, transitar así hacia una economía de bajas emisiones y promover la igualdad de género; la inclusión social y laboral; la digitalización de las administraciones municipales y la conversión de las ciudades en más digitales e inteligente, sin perder de vista el cuidado de las personas.

«No es lo mismo planificar una ciudad sin esa mirada igualitaria y feminista. Los espacios públicos no puede ser espacios donde las mujeres nos sintamos inseguras. Hay que construir ciudades amables y habitables», reiteró.

Para Parlon, la Agenda Urbana debe ser la hoja de ruta que debe orientar todas las políticas en este ámbito, marcadas por los objetivos de desarrollo sostenible, y para ayudar a la transformación de Santa Coloma de Gramenet con un urbanismo «pensado para las personas y para transformar una ciudad».

Asegura que la Ley de Vivienda tiene «solvencia jurídica y constitucional»

La ministra también ha asegurado este viernes que la futura Ley de Vivienda tiene «solvencia jurídica y constitucional» y ha garantizando su aprobación y tramitación parlamentaria.

El viernes por la mañana el Gobierno tuvo el informe definitivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para analizarlo «con detalle». A partir de este mantienen el calendario previsto para llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros el 1 de febrero. «Estamos seguros de que es una buena ley, que tiene una solvencia jurídica y constitucional plenamente vigente. Transmitir un mensaje de tranquilidad, pero también analizaremos ese informe», ha reiterado.