El PP, Ciudadanos, el PNV, Junts y el PDeCAT han registrado en el Congreso sendas enmiendas de devolución al proyecto de ley de Vivienda con la intención de tumbar la iniciativa en su primera votación, prevista para el mes de marzo, mientras que Esquerra Republicana ha optado por plantear un texto alternativo a la propuesta del Gobierno de coalición.

En total, las formaciones que buscarán rechazar la tramitación de este proyecto en su votación de totalidad suman 111 votos, que sumando a Vox, que aunque no ha registrado enmiendas previsiblemente se sumará a ellos, podría alcanzar 163 votos.

ERC ha optado por una propuesta alternativa que contempla medidas como la regulación de precios del alquiler, normativa antidesahucio y recargos en el IBI para vivienda vacía, pero si luego suma sus 13 votos a la devolución que piden las demás fuerzas de la oposición, el Gobierno no contaría con apoyos suficientes para superar la primera votación en el Pleno.

Ataque a la propiedad privada y la libertad de empresa

Para rechazar el proyecto del Gobierno, el PP recuerda el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sostiene que la regulación afecta a una «materia de titularidad autonómica» y «limite» su competencia, y asegura que se trata de «una propuesta claramente lesiva para los derechos e intereses de los ciudadanos».

Así, lamentan los ‘populares’ en su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, su «naturaleza marcadamente intervencionista», que «ataca el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa», afectando «muy negativamente al sector inmobilario» y perjudicando «tanto a los inquilinos como a los propietarios».

Cambios incoherentes y cosméticos para Ciudadanos

Por su parte, Ciudadanos carga en su enmienda contra la reforma del Gobierno asegurando que «los principios y el espíritu» de la misma «son incoherentes, cosméticos e inidóneos para guiar las políticas públicas de vivienda y garantizar el acceso a la misma para todos los ciudadanos».

Ambas formaciones critican la regulación de los precios del alquiler, pero también la habilitación para fijar recargos en el IBI en viviendas vacías, llegando a acusar el PP al Gobierno de fomentar la ‘okupación’ de viviendas con su propuesta, considerando la prohibición de desahucios un «blanqueamiento pernicioso» de la misma.

Ciudadanos aclara que, pese a incluirse como un hito a cumplir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la devolución de la iniciativa «no supondría obstáculo para el cumplimiento del hito», ya que el Gobierno tiene «tiempo más que suficiente» para presentar una alternativa y poder aprobarla antes del 30 de septiembre de 2022.

PNV, PDeCAT y Junts defienden que es competencia autonómica

El PNV, por su parte, rechaza la propuesta al considerar que «incurre en evidentes excesos», al asegurar que «la vivienda es una materia de titularidad autonómica», tal y como reconoce la Constitución y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, que identifica como función autonómica regular para atender intereses relacionados con una vivienda digna.

También justifica su rechazo el PDeCAT en una «invasión competencial», además de considerar como «negativo» el impacto que puede tener la legislación propuesta por el Gobierno para la oferta de vivienda de alquiler.

Por otro lado, Junts buscará tumbar la Ley de Vivienda por considerar el proyecto «una absorción competencial, total, forzada y artificial», pues supone a su juicio un «desmantelamiento» de las regulaciones aplicadas en Cataluña.