Unidas Podemos ha propuesto obligar a la Sareb a dirigir un mínimo del 75% de sus viviendas a alquiler social y fijar un máximo del número de plazas de alojamiento turístico de hasta el 2% del número de habitantes en un distrito o barrio.

Estas son algunas de las demandas trasladadas por la formación minoritaria del Gobierno de coalición en sus enmiendas registradas en el Congreso a la Ley por el derecho a la vivienda, a las que ha tenido acceso Europa Press. Con sus aportaciones busca endurecer los límites a los desahucios y la regulación de alquileres, además de introducir sanciones por incumplimientos de la norma.

Rebajar el umbral para iniciar el control de precios

Respecto a la regulación de alquileres, la propuesta de Unidas Podemos pasa por rebajar el umbral de incremento de precios contemplado en la regulación del Gobierno para declarar una zona tensionada y poder aplicar el control de precios.

Si en la redacción actual se puede declarar zona tensionada en casos de un aumento de precios de 5 puntos por encima del IPC en una comunidad autónoma en los cinco años anteriores, Unidas Podemos propone dejarlo sólo en dos puntos por encima.

Asimismo, plantea asegurar que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato siempre estén a cargo del propietario que alquila su vivienda.

Que los grandes tenedores destinen un 30 % a vivienda social

Para movilizar vivienda social, el grupo confederal quiere obligar a los grandes tenedores de vivienda a destinar un mínimo del 30% de todas las viviendas que tenga en titularidad a alquiler social, un porcentaje que se vería aumentado en caso de que tenga capital público.

La alternativa a este alquiler social es que los grandes tenedores puedan ceder en favor de las administraciones competentes para su gestión.

En el caso de la Sareb, el conocido ‘banco malo’, que esta misma semana el Estado ha pasado a controlar a través del FROB, este porcentaje de alquiler social pasa a ser de un mínimo del 75% de sus pisos.

Desahucios y corte de suministros

Por otro lado, el grupo confederal quiere impedir cualquier demanda de desahucio por parte de grandes tenedores sin que hayan ofrecido a sus inquilinos un alquiler social, en el caso de que se trate de personas o unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión.

Asimismo, también propone impedir los cortes de suministros de agua potable, gas y electricidad cuando la persona afectada sea «susceptible de encontrarse en riesgo de exclusión residencial o social», considerando cualquier interrupción injustificada como «acoso inmobiliario» y, por tanto, objeto de sanción.