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Mendiluce (Asval) urge al Gobierno a un acuerdo con grandes propietarios sobre alquiler social

El consejero delegado de Anticipa y Aliseda, Eduardo Mendiluce, ha urgido al Gobierno, en nombre de Asval, a un acuerdo sobre la propuesta de los grandes propietarios de vivienda de alquilar al Estado hasta 30.000 viviendas sociales: «Estamos hablando con el Ministerio: avances, pocos».

Durante un webinar de Asval sobre vivienda y fondos Next Generation, Mendiluce ha respondido así al preguntársele por las declaraciones del lunes de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras acudir a una Jornada Inmobiliaria organizada por Europa Press.

Sánchez dijo entonces que el Gobierno mantiene conversaciones con el sector privado sobre esa propuesta, y lo enmarcó en el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, que pretende poner a disposición de autonomías y ayuntamientos al menos 100.000 viviendas de alquiler asequible para los más vulnerables.

Este jueves, Mendiluce ha pedido que el Gobierno redacte una iniciativa que recoja a su vez la voluntad de los grandes propietarios, y ha añadido que se tiene que formalizar «en base a una concurrencia pública, como no puede ser de otra forma, voluntaria por parte del gran tenedor».

Para él, el siguiente paso ahora es sentarse y, entonces, «que sea la Administración pública la que tome la iniciativa a través de ese concurso público».

Considera que esa iniciativa pública puede ser a cargo de los Presupuestos del año que viene, pero que lo importante es acordarla ahora: «Que la estructura la empecemos a montar ya. ¿Por qué? Porque creo que la emergencia habitacional es suficientemente grave como para que ya nos pongamos a trabajar entre todos».

Planteamiento de ASVAL

La propuesta de los grandes tenedores pasa por una cesión de 25 años al Estado: este, como arrendatario, posibilita entonces al propietario que cede la vivienda un horizonte temporal que permite visibilidad y certeza en el largo plazo, explicó recientemente el propio Mendiluce.

En contrapartida, los precios se situarán un 20% por debajo del precio de mercado, para dar capacidad de acceso a familias vulnerables.

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