cincodias.com, 31 de marzo, Raquel Díaz Guijarro – La concesión de visados en España se había convertido, en opinión de muchos expertos, en un sistema lento, repleto de burocracia y que no se correspondía con lo que ocurre en otros países del entorno europeo. Y esta circunstancia estaba lastrando la posibilidad de que muchos profesionales y empresas decidieran invertir en España.

En este sentido, los promotores advirtieron que la dificultad para obtener el permiso de residencia estaba lastrando la venta de inmuebles a ciudadanos procedentes de países como China o Rusia, muy interesados en adquirir viviendas en España después del ajuste de precios aplicado desde 2008.

Por este motivo, tal y como explican fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio, la Ley de Emprendedores “trata de otorgar un prisma económico a la regulación de la entrada de extranjeros en nuestro país, que nos permita equipararnos a numerosos países de nuestro entorno, con vistas a competir en una economía globalizada por la atracción de la inversión y del talento”.

El objetivo no era otro que homologar a España con países de la OCDE como EE UU, Australia y Nueva Zelanda, que llevan muchos años aplicando un modelo de política de admisión especial para inversores y trabajadores cualificados, así como acercarse a sistemas semejantes ya en vigor en países mucho más cercanos como son Reino Unido, Irlanda, Italia y Holanda.

Un año de plazo prorrogable

Por lo tanto, desde finales del pasado mes de septiembre (momento en el que entró en vigor la citada ley), los extranjeros de fuera de la UE y aquellos extracomunitarios que no sean beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia propios de la UE pueden solicitar el visado para residir en España por razones de interés económico en una de las siguientes categorías: inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupos de empresas.

Así, en el apartado de inversores, el Gobierno no discrimina según la tipología de la inversión (activos financieros o reales). Los 43 visados concedidos bajo esta categoría hasta ahora corresponden a aquellos extranjeros que han adquirido inmuebles por un valor de al menos 500.000 euros, acciones o depósitos bancarios por un millón de euros, deuda pública por dos millones y aquellos proyectos empresariales que vayan a ser desarrollados en España y que sean considerados y acreditados como de “interés público”.

El permiso se concede por un periodo de un año, que si se mantiene la inversión, se puede ampliar otros dos años e ir renovando sucesivamente. Así, en términos absolutos y, a la espera de lo que ocurra en los próximos meses, esa nueva categoría de inversores es una de las que menos pesa en el total de permisos concedidos por el momento. De los 818 visados otorgados, 278 lo han sido a extranjeros que acreditan estar inmersos en un movimiento intraempresarial, los también conocidos como expatriados o trabajadores extranjeros que se trasladan a desempeñar su profesión a España. Otros 235 se concedieron a familiares y 228 a profesionales altamente cualificados.

En este último apartado también se han introducido novedades. Se han incrementado los umbrales que permiten a las empresas contratar a una persona altamente cualificada con el fin de que más compañías se puedan beneficiar de este procedimiento. Para ello, se incluye a los postgraduados de universidades y escuelas de reconocido prestigio, fomentando la atracción de talento a España, fuente de riqueza y empleo, según el Ejecutivo.

En el caso de los expatriados, la ley también se ha flexibilizado, ya que antes era muy restrictiva y solo concedía los permisos de residencia si dichos movimientos intraempresariales se producían bajo unos requisitos muy determinados en cuanto a volumen de negocio, número de trabajadores, inversión extranjera o que la empresa perteneciera a un sector estratégico.

Ahora, en cambio, serán beneficiarios del nuevo permiso de residencia todos aquellos extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o de formación con empresas establecidas en el territorio nacional o en otro país.

Más facilidades para atraer a investigadores

Entre las situaciones que el nuevo marco normativo contempla para conceder la residencia en España, figura una nueva categoría destinada a aquellos extranjeros que vayan a realizar actividades de formación e investigación tanto en el ámbito público, como en el privado.

De este modo, serán beneficiarios los investigadores, el personal científico y técnico, los profesores de universidades y de las escuelas de negocios. Se pretende no solo atraer a investigadores para centros públicos, sino atraer talento para la I+D+i empresarial. Como en el resto de los casos, se establece una autorización de ámbito nacional que habilita para desarrollar la actividad. Las cifras disponibles estiman que hasta ahora se han concedido un total de 26 permisos bajo esta categoría y otros siete se encuentran en trámite.

Otra de las novedades de la ley es el visado para emprendedores. Bajo esta categoría se pretende beneficiar a aquellos empresarios que desarrollen una actividad de carácter innovador con especial interés económico para España. Así, y únicamente acreditando que se necesita llevar a cabo los trámites previos al inicio de la actividad emprendedora, los extranjeros podrán obtener un permiso de residencia en España por un año, que transcurrido ese plazo si se mantienen las condiciones exigidas, podrá renovarse otros dos años. El Gobierno espera que estas categorías atraigan cada vez más peticiones, según pasen los meses y se conozca más la norma.

Características de los nuevos visados

Permiso: El nuevo visado es un permiso de residencia único, es decir, que permite residir y trabajar en España y es válido para todo el territorio. Antes era necesario solicitar dos permisos independientes.

Ventanilla única: Todos los procedimientos de autorización de la residencia deben ser gestionados por la Unidad de Grandes Empresas perteneciente a la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

Plazos: Los permisos se conceden en principio por un periodo de un año, que después si se mantienen las condiciones, podrá ser renovado.