cincodias.com, Raquel Díaz Guijarro, 07 de abril – En poco más de dos o tres años la promoción de viviendas de protección oficial será historia en España después de más de tres décadas de una política pública (desempeñada por gobiernos socialistas y populares) basada en la concesión de distintos tipos de ayudas a promotores y familias para facilitar su acceso a una casa en propiedad.

Primero, porque el nuevo plan cuatrienal 2013-2016 no contempla ya ninguna ayuda para edificar más VPO en régimen de compra, las pocas que se sigan construyendo deberán ser para alquilar.

Segundo, porque existe todavía un stock ingente de pisos nuevos sin vender ni alquilar a los que el Ejecutivo pretende dar salida. Algunos, no muchos la verdad, podrían hacerlo en forma de vivienda protegida, si se ajustan a los criterios que exige la ley.

Y tercero, porque la durísima crisis económica que vive el país desde 2008 cerró la financiación a esta clase de proyectos y redujo los presupuestos públicos a la mínima expresión, lo que a la postre provocó que la oferta de VPO se encuentre ahora en vías de extinción. Además, sus precios se aproximaron mucho a los del mercado libre, por lo que su venta perdió atractivo.

Así lo ponen de manifiesto las cifras de ejecución del plan anterior a las que ha tenido acceso Cinco Días, referidas a los programas de 2009 a 2012; y procedentes de una respuesta parlamentaria de Fomento al Grupo Socialista.

El número de actuaciones de VPO de nueva construcción ha pasado de contabilizar 43.262 en 2010 a apenas 7.483 en 2012, lo que supone una caída del 82,7 % en dos años y del 40 % solo de 2011 a 2012. Para el año pasado, la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, recuerda que Fomento ni siquiera ha remitido los datos. “Aunque el nuevo plan cuatrienal 2013-2016 no ha echado a andar porque no se han firmado los convenios con las comunidades autónomas, existen ayudas que todavía se mantienen en el nuevo programa, por lo que su certificación no debería haberse suspendido y mucho nos tememos que eso es lo que está ocurriendo. Por ello, no hay datos relativos al año pasado”, explican desde el PSOE.

Otro de los aspectos que llama la atención al analizar las cifras es la fuerte caída que protagonizan las ayudas a inquilinos. Sobre todo porque el nuevo equipo de Fomento insiste en que el alquiler será a partir de ahora una de las líneas maestras de su política y existe en ciernes el diseño de una nueva ayuda directa que sustituya a la renta básica de emancipación (RBE), que ya no admite nuevos beneficiarios hasta que se apruebe la nueva subvención.

En solo doce meses las ayudas a inquilinos disminuyeron un 74,2 %, ya quepasaron de beneficiar a 18.780 perceptores en 2011 a apenas 4.838 en 2012. El PSOE denuncia cómo en 2012 hubo seis comunidades donde no se tramitó ni una sola ayuda a inquilinos: Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla León, Baleares y Aragón.

A esto el Ministerio solo admite que está previsto triplicar el volumen de beneficiarios de esas ayudas desde los 70.500 del PSOE a unos 200.000. Y en suelo, no se contabilizó ni una sola operación en todo el país.

La ‘bronca’ del Ministerio con las comunidades autónomas

Fue una ministra socialista de Vivienda, María Antonia Trujillo, la primera en afear en cierto modo la actitud que suelen mantener las comunidades autónomas en materia de VPO. “Presumen de todas las casas que financian cuando ocho de cada 10 euros son transferencias del Estado”, denunció públicamente la entonces ministra.

Preguntado por las denuncias que efectúa ahora el PSOE sobre la escasa ejecución del plan 2009-2012, fuentes de Fomento responden a CincoDías que “en todo caso, para valorar la ejecución de los planes, hay que tener en cuenta que las transferencias de recursos en ayudas estatales a la vivienda a las regiones están condicionadas por su gestión, de tal suerte que hasta que no justifiquen lo transferido con anterioridad, no se transfieren nuevos recursos”. Por otra parte, añaden que están limitadas a la dotación presupuestaria de cada ejercicio. “En el caso de 2012, los Presupuestos del Estado fueron inicialmente prorrogados por el Gobierno socialista anterior, minorando así gravemente la capacidad de gestión de las comunidades”, insisten las mismas fuentes.

Y ponen como ejemplo cómo Canarias tiene pendiente de justificar 51,7 millones de euros ya transferidos y cuyo destino a ayudas a los ciudadanos no ha sido justificado. “Esta comunidad dispone, por tanto, de recursos suficientes para pagar las ayudas previstas en los planes y convenios a los beneficiarios. El hecho de no haber justificado las ayudas no impide abonar las ayudas reconocidas ni reconocer nuevas subvenciones. Es el Gobierno de Canarias quien debe explicar el empleo de los recursos recibidos”, argumentan desde Fomento.

Críticas de Fomento al plan anterior

En el Departamento que dirige Ana Pastor, no han gustado nada las críticas socialistas al bajo grado de ejecución del último plan de vivienda puesto en marcha precisamente por un Gabinete del PSOE cuando ya había estallado la burbuja inmobiliaria. Fuentes de Fomento subrayan que con la crisis económica encima, los planteamientos del plan eran incorrectos. “Hay que tener en cuenta, para empezar, que el Plan 2009-2012 se pone en marcha por el Gobierno socialista de Zapatero. Para superar sus carencias, errores de planteamiento y falta de eficacia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó el Plan Estatal 2013-2016. Por tanto, las críticas del PSOE se refieren a su propio plan”, aseguran las mismas fuentes.

Sobre la falta de cifras referidas al ejercicio pasado, Fomento asegura que se destinaron a ayudas estatales para vivienda un total de 730,27 millones de euros, cifra tres veces superior a la facilitada por el mismo departamento referida a un año antes. Así, en la documentación remitida al Congreso de los Diputados por el Ministerio, se dice que en 2012 se destinaron un total de 242,9 millones de euros a ayudas para vivienda, un 32,18% menos que un año antes, cuando la cuantía fue de más de 358,2 millones.

Ahora, el Ejecutivo ultima el diseño de las nuevas subvenciones y ayudas que se otorgarán en los próximos años, que deberán estar centradas en el alquiler y la rehabilitación y no en seguir apostando por un crecimiento urbanístico desmedido, como el desarrollado desde hace casi 40 años.