Varios representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han asistido este martes al Congreso con el fin de reunirse con todos los grupos parlamentarios presentes en la cámara y pedirles que no se opongan a la tramitación de una ley que presentaron en enero y que persigue paralizar los 70.000 desahucios que el Consejo del Poder Judicial prevé que se llevarán a cabo este año.

Según declaraciones del portavoz de la organización, Paco Morote, la Ley de Vivienda de la PAH, que presentaron el pasado mes de enero ante la mesa del Congreso, es la primera que se registró y la más antigua de las que están esperando a su tramitación.

Esta iniciativa legislativa paralizaría los desahucios, además de establecer mecanismos para frenar la burbuja del alquiler en las grandes ciudades, a través de índices de referencias de precios y de la generación de un parque público de viviendas, de forma que se utilicen «las más de tres millones y medio de casas cerradas que hay en España».

Morote ha lamentado que, después de su presentación en la Cámara Baja, el anterior Gobierno del Partido Popular vetase la propuesta aludiendo que invadía competencias propias del Ejecutivo central. No obstante, el portavoz se ha quejado de que cada vez que interpelaba al Gobierno, este les remitía a las comunidades autónomas argumentando que la competencia en vivienda recaía en cada región.

Por esta razón, la PAH solicita al nuevo Gobierno, y en concreto al Partido Socialista, que retiren los 10 recursos que hay actualmente en el Tribunal Constitucional contra leyes en materia de vivienda, de forma que se apliquen «inmediatamente» en las comunidades afectadas.

Ciudadanos dispuestos a tramitarla, pero con enmiendas

Hasta el momento, los representantes de la Plataforma han mantenido conversaciones con Ciudadanos, quienes, según Morote, se han comprometido a no impedir el trámite de la Ley propuesta por la PAH, aunque sí han manifestado su desacuerdo con algunos de los contenidos, por lo que introducirán enmiendas en caso de aprobación.

El PSOE, por su parte, también se había comprometido ha debatir esta Ley, lo que ha auspiciado la posibilidad de que el Gobierno levante todos los recursos presentados en el Constitucional y propicie su tramitación.

Esta iniciativa legislativa también hace alusión al ámbito de la pobreza energética, algo que, según Morote, causa hasta 7.000 muertes cada invierno debido a los accidentes en los que deriva. Ante esta realidad, la PAH pide unos «mínimos de subsistencia» en colaboración con las compañías suministradoras.

«La tramitación de la Ley requiere que la gente que ha sido elegida para solventar los problemas de los ciudadanos se moje de manera urgente; no son cifras que nos inventamos, sino del Poder Judicial; el drama sigue existiendo y vemos cómo socimis y fondos buitre acaparan viviendas a manos llenas mientras que ninguna administración pública está haciendo nada para generar un parque público de vivienda», ha concluido Morote.