El Pleno del Congreso debatirá este martes la proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética que fue impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que será presentada a la Cámara por En Comú Podem.
La iniciativa fue registrada el pasado enero por Unidos Podemos junto con Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu, y pese a que fue inicialmente vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el grupo confederal volvió a presentarla tras un fallo del Tribunal Constitucional que daba la razón a la Cámara Baja en su contencioso con el Ejecutivo en relación con los vetos a leyes de la oposición.
Será la portavoz de En Comú Podem y responsable de vivienda del grupo confederal, Lucía Martín, la encargada de defender ante la Cámara esta iniciativa. Se da la circunstancia de que Martín llegó a la política desde la PAH, promotora de esta ley.
Además de las formaciones que registraron la iniciativa, la PAH cuenta con el apoyo comprometido por el PSOE. En todo caso, para que la propuesta sea tomada en consideración serán necesarios también los apoyos de PDeCAT y PNV, en caso de que PP y Ciudadanos decidan oponerse a la tramitación de la norma.
Dación en pago retroactiva y límites a los desahucios
La iniciativa regula la dación en pago retroactiva, establece mecanismos de segunda oportunidad para su concesión, elimina cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas, con compensación económica, y deroga la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios.
Asimismo, extiende la actual moratoria de desahucios a todos aquellas de primera y única vivienda, contiene medidas de transparencia para la titularización de créditos, plantea la obligación a bancos y grandes tenedores de ofrecer un alquiler social antes de la ejecución de un desahucio, y ayudas para el mismo cuando el propietario es un pequeño tenedor.
Respecto al alquiler, la propuesta contiene una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir un mayor margen a las corporaciones locales para frenar «aumentos abusivos» del alquiler, limitar la rescisión de los contratos y que éstos tengan un mínimo de cinco años.
La reforma de la LAU es, de hecho, una de las líneas rojas trasladadas por En Comú al Ejecutivo de Pedro Sánchez para brindar su voto favorable a los Presupuestos de 2019, que el Gobierno negocia con Unidos Podemos. Asimismo, la norma establece el aumento del parque público de vivienda y que estos alquileres sociales no rebasen el 30% de los ingresos en una unidad familiar.
Medidas contra la pobreza energética
Por último, la proposición de ley contempla varias medidas para erradicar la pobreza energética, estableciendo un principio de precaución basado en la garantía de imposibilitar cortes de agua, luz y gas sin que exista una comprobación de la situación del hogar afectado.
Asimismo, la norma establece que no sea la Administración la que asuma estas deudas con recursos públicos, sino que sean las propias compañías suministradoras las que sufragan el coste de mantener el servicio a hogares con situación de vulnerabilidad.
