El Pleno del Congreso debatirá este martes la propuesta de Unidas Podemos de sacar a alquiler social el parque de viviendas de la Sareb, el conocido como ‘banco malo’, una de las propuestas de esta formación para la nueva Ley de Vivienda, que está atascada por falta de acuerdo en el propio Gobierno de coalición pero también con sus socios parlamentarios.
Pese al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para llevar al Congreso el proyecto de ley, el socio minoritario ha planteado más cambios a través de enmiendas, mientras que partidos como ERC y EH-Bildu exigen más modificaciones, tanto en la regulación de los precios del alquiler como en la prohibición de los desahucios.
El papel de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, que absorbió los activos ‘tóxicos’ de la banca durante su rescate en la anterior crisis financiera) también es una de las cuestiones en liza en esta ley, ya que Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu exigen ampliar el parque público con sus recursos.
Concretamente, la iniciativa es una proposición no de ley registrada en febrero tras la reforma que permitió la nacionalización de la entidad en la que Unidas Podemos aboga por replantear el papel de la Sareb y convertirla «en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida».
Alquileres de un máximo de 300 euros
Así, piden que la Sareb realice una gestión social de su parque de viviendas, la suspensión indefinida de los desahucios en viviendas de su propiedad en las que no haya alternativa habitacional y la movilización de su suelo urbanizable con vistas a ofrecer alquileres sociales.
Para su gestión social, reclama vincular las rentas de sus alquileres al nivel de ingresos, con un precio medio de 100 euros entre niveles inferiores para personas con mayor dificultad y un límite máximo de 300 euros.
Control y transparencia
Para asegurar un control adecuado de la Sareb, proponen su dependencia del ministerio competente en materia de vivienda (el Ministerio de Transportes), la creación de un organismo específico para comprobar el cumplimiento de sus objetivos, y la participación de los ministerios en su consejo de administración y este organismo de seguimiento.
Asimismo, exigen la puesta en conocimiento de todos los activos que tiene en propiedad, ya que denuncian que sus inmuebles y suelos son «algo desconocido para los ministerios que tienen competencias relacionadas, como es el caso de Transporte o Derechos Sociales».
Finalmente, desde Unidas Podemos piden modificar los próximos bonos para permitir rendimientos negativos, tras la demanda interpuesta contra sus tenedores (Abanca, CaixaBank, Sabadell, BBVA, Unicaja, Ibercaja y BFA), y que estas entidades paguen por la misma. Por esta razón, critican, la compañía dejó de ingresar 147 millones de euros en 2020.
