El Pleno del Congreso ha derogado el decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre sobre la regulación del alquiler, ya que su convalidación ha sido rechazada con los votos de PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC), UPN, Bildu y Foro Asturias.

La norma, que amplió hasta los cinco años la duración mínima de los contratos, ha recabado el apoyo del PSOE, PDeCAT, PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero esos votos no han sido suficientes para su convalidación.

Es el primer decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez que resulta derogado, todo ello a menos de un mes de que se debatan y voten los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

La ministra Calviño ha lamentado que no pueda atajarse el problema social

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha lamentado el rechazo en el Congreso al decreto ley de medidas urgentes en el mercado del alquiler, un proyecto «ambicioso» que «atajaba un problema social» y que no obstaculizaba otras medidas no incluidas que pueden necesitar «más maduración».

«Lamento que finalmente no haya habido una mayoría necesaria en el Parlamento para poder adoptar estas medidas urgentes, que no son obstáculo a que se puedan adoptar otras medidas, pero que a lo mejor necesitan más maduración o una base jurídica distinta a un decreto ley», ha añadido.

UGT considera que la ley mejoraba la situación actual

UGT cree que es «una oportunidad perdida» que la mayoría del Congreso no haya apoyado el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, según ha señalado el sindicato en un comunicado.

Bajo su punto de vista, aunque era «insuficiente», «al menos mejoraba la situación actual y recogía parte de las reivindicaciones» que se han realizado en esta materia.

No obstante, el sindicato cree que es necesaria una regulación para equilibrar la desigual relación que existe entre arrendador y ve necesario dotar de un alivio de las cargas que comporta la firma del contrato.

Los Administradores de Fincas creen que hay oportunidades para mejorar

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) considera que, tras la derogación en el Congreso del decreto, la norma tiene ahora una «oportunidad de mejora».

Para los administradores de fincas, las medidas que adoptó el Gobierno, como la prolongación de la duración del contrato de arrendamiento de tres a cinco años, provocaba un aumento del precio del alquiler, al buscar los propietarios la rentabilidad de sus activos.