El acceso a la vivienda es, sin duda alguna, uno de los principales problemas de la ciudad de Barcelona. En 2017, con el objetivo de garantizar la función social de las viviendas de protección oficial existentes en la urbe, el Ayuntamiento puso en marcha un Plan de inspecciones de viviendas de protección oficial.

Tras esta revisión, se ha detectado que existen propietarios de este tipo de viviendas que no las usan como vivienda de residencia habitual o que la han alquilado sin pedir autorización alguna. En total, del 16.000 viviendas de protección oficial que todavía están calificadas de este modo en Barcelona, se han encontrado nada más y nada menos que 358 pisos que no están ocupados por las personas beneficiarias de la concesión. Tras las inspecciones, se ha detectado que la mayoría de estas viviendas están vacías o bien alquiladas a precio de mercado.

Vía: La Vanguardia