El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría de 15 votos la nueva propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto, redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica».
Esta misma semana, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló que el Ejecutivo leerá con «absoluto respeto» el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «por si fuera susceptible de mejorar» el anteproyecto de la Ley de Vivienda.
Rodríguez también respondió a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Unidas Podemos, que ha anunciado un frente común con colectivos para blindar la Ley de Vivienda si el PSOE se plantea cambios. «No entiendo ningún género de dudas al respecto», ha recalcado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ha insistido en que el Gobierno está comprometido con garantizar el acceso a la vivienda.
Un informe preceptivo, pero no vinculante
Rodríguez recordó que el informe del CGPJ al anteproyecto de la Ley de Vivienda «es preceptivo y no vinculante», aunque el Gobierno lo recibirá con «absoluto respeto por las consideraciones que estimen oportunas en el ámbito jurídico».
La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda recuerda que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica», por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución «corresponde a cada una de las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas».
En el informe redactado por los vocales conservadores Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, al que ha tenido acceso Europa Press, se recalca que la actuación estatal se ha articulado «a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética».
Pero advierte de que mientras la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, la estatal «se vierte sobre esos otros aspectos». Por tal motivo, «el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas, puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, ‘la ley de vivienda’ o ‘del derecho a la vivienda’».
