La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Ejecutivo leerá con «absoluto respeto» el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «por si fuera susceptible de mejorar» el anteproyecto de la Ley de Vivienda.
Rodríguez también ha respondido a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Unidas Podemos, que ha anunciado un frente común con colectivos para blindar la Ley de Vivienda si el PSOE se plantea cambios. «No entiendo ningún género de dudas al respecto», ha recalcado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ha insistido en que el Gobierno está comprometido con garantizar el acceso a la vivienda.
En este sentido, fuentes del Ejecutivo mantienen que el temor de Podemos sobre la posibilidad de que el PSOE se eche atrás en los aspectos más ambiciosos de la ley «no está justificado».
A la espera del informe
Tras el rechazo a la primera propuesta del informe, el Gobierno espera ahora conocer la posición del Pleno del CGPJ al nuevo texto, que se votará este jueves.
Rodríguez ha recordado que el informe del CGPJ al anteproyecto de la Ley de Vivienda «es preceptivo y no vinculante», aunque el Gobierno lo recibirá con «absoluto respeto por las consideraciones que estimen oportunas en el ámbito jurídico».
«El informe del CGPJ está por conocerse oficialmente. No lo puedo dar por conocido hasta que se nos remita oficialmente. No puedo hacer valoración sin conocer los detalles, lo que interesa al Gobierno es ese rigor y esa aproximación jurídica», ha expresado la ministra en la rueda de prensa.
Al margen del contenido del texto, el Gobierno sostiene «con absoluta claridad el compromiso» con el acceso a una «vivienda digna a precios asequibles», sobre todo para jóvenes.
«Es un problema y queremos que deje de ser un problema para ser un derecho. Lo haremos con una ley con absoluto rigor jurídico», ha dicho Rodríguez, al tiempo que ha insistido en que la normativa respetará las competencias en vivienda de las comunidades autónomas. En este sentido, fuentes gubernamentales han precisado que el «Gobierno hace leyes constitucionales».
El informe afea al Gobierno que «limite» la competencia de las Comunidades Autónomas
La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda recuerda que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica», por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución «corresponde a cada una de las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas».
En el informe redactado por los vocales conservadores Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, al que ha tenido acceso Europa Press, se recalca que la actuación estatal se ha articulado «a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética».
Pero advierte de que mientras la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, la estatal «se vierte sobre esos otros aspectos». Por tal motivo, «el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas, puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, ‘la ley de vivienda’ o ‘del derecho a la vivienda'».
