El plan ‘España 2050’ propone reducir el porcentaje de población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda, con especial foco en la población que vive en alquiler, «que es la que sufre una sobrecarga más elevada», y situarlo en el 8% en 2030, en el 6,5% en 2040 y en el 4,5% en 2050.

También recomienda crear un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas, «con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor tensión».

Así se recoge en el proyecto ‘Estrategia España 2050’ presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se resalta que «será importante tener en cuenta la relación entre el precio del alquiler y la renta del hogar, así como la heterogeneidad regional y municipal del mercado de vivienda español».

Además, quiere que el porcentaje de viviendas rehabilitadas del total del parque sea del 2% en 2050. Para garantizar de forma efectiva el acceso a una vivienda digna y adecuada, el documento también aboga por incrementar la disponibilidad de la vivienda pública y social a través de la compra de viviendas en edificios y comunidades ya consolidadas, la rehabilitación o la construcción de nuevas viviendas. «Su localización deberá evitar nuevos procesos de segregación socioespecial», añade.

También insta a fomentar el alquiler de la vivienda vacía ofreciendo garantías suficientes a la parte propietaria y ejerciendo control sobre la calidad de la vivienda ofertada. Para ello, se propone la creación o mejora, en su caso, de bolsas de intermediación pública de alquiler y marcos de colaboración público privados que contribuyan a una mejor gestión.

Favorecer la propiedad temporal y la compartida

Asimismo, apuesta por establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda y reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler, asegurando su mantenimiento y disponibilidad, e impidiendo que su titularidad deje de ser pública, pero también por incentivar las formas de tenencia alternativas a la propiedad absoluta y al alquiler, como la propiedad temporal y la propiedad compartida, adaptándolas a la realidad española.

Por otro lado, propone garantizar la correcta información que reciben los hogares tanto en la financiación como en la compra o alquiler de una vivienda, facilitando la movilidad residencial de los hogares a medida que sus necesidades cambian.

Para adecuar el parque existente de vivienda a las necesidades de los nuevos hogares, apuesta por implementar programas de ayudas dirigidas a conseguir la accesibilidad universal en las viviendas, así como soluciones habitacionales alternativas, o por impulsar una estrategia nacional de regeneración urbana integral, que preste especial atención a los barrios desfavorecidos y vulnerables.