20minutos.es, Europa Press, 22 de septiembre – Más vivienda pública sí, pero para alquilar. Es la petición que los defensores del pueblo le han hecho a las administraciones públicas; que aumenten y refuercen el parque de vivienda pública en alquiler. En este sentido, han hecho un llamamiento para dinamizar la puesta a disposición en el mercado de alquiler de las viviendas protegidas deshabitadas y, en caso contrario, «adoptar medidas de intervención pública».
Así consta en una declaración firmada por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de Cataluña, el Valedor do Pobo de Galicia, el Diputado del Común de Canarias, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y León y el Defensor del Pueblo de Navarra, que se han reunido en Santander en las XXX Jornadas de Coordinación.
Becerril ha manifestado la «preocupación» de estas instituciones por la «escasez» de viviendas susceptibles de ser puestas a disposición de colectivos vulnerables en condiciones aceptables, y ha recordado que en España, el porcentaje de vivienda en alquiler es «bajísimo» en comparación con los países nórdicos o centroeuropeos, y es incluso inferior al de Italia y Portugal, de forma que sólo supera al de Grecia.
En su declaración conjunta, los Defensores del Pueblo instan al Estado y a las Comunidades Autónomas a impulsar la legislación suficiente que garantice el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna y a que, a través de los presupuestos respectivos doten de recursos a las Administraciones competentes para materializarlo a favor de los ciudadanos que lo necesiten. Además, destacan la necesidad de disponer de información y de datos fiables en cada territorio sobre la necesidad real de vivienda, sobre la evolución de los precios de las viviendas protegidas en comparación con los precios de las viviendas libres, sobre el parque público de viviendas en alquiler, y en general sobre los instrumentos básicos que permitan una estadística útil para el diseño de las políticas públicas de vivienda.
Los defensores del pueblo abogan por reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos vulnerables y personas con especial necesidad de vivienda, y consideran «más justo» que la adjudicación de las viviendas de protección pública se realice conforme a un sistema de baremación previamente establecido y no por sorteo. En este sentido, entienden que deben reforzarse la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación de viviendas.
También consideran necesario definir y regular el concepto de vivienda vacía e impulsar su correcto inventario, dinamizar la puesta a disposición en el mercado de alquiler de las viviendas protegidas deshabitadas y, en caso contrario, adoptar medidas de intervención pública. Además, reclaman la implantación de registros de viviendas protegidas, o la mejora de los ya existentes, donde se inscriban todas ellas. Dichos registros deben contener datos suficientes para permitir un control fiable del número de viviendas, y además estar diseñados de modo homogéneo en las distintas Comunidades Autónomas.
En relación con las ayudas a la vivienda, proponen que se revisen y que se mejore su gestión para evitar el retraso en la resolución de las convocadas y en el pago de las ya reconocidas. Asimismo, destacan que debe hacerse efectivo el sistema de ayudas para el fomento del alquiler y de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración y renovación urbanas. También instan a mejorar la fiscalidad de la vivienda y aliviar el esfuerzo para mantenerse en la vivienda por las personas que, por circunstancias sobrevenidas no imputables a ellas, no puedan hacer frente a sus obligaciones.
Por último, subrayan que deben hacerse efectivos los patrimonios públicos de suelo, y estudiarse la creación por las Comunidades Autónomas de patrimonios o bancos de suelo público destinados a la construcción de viviendas de protección oficial o promoción pública. Asimismo, instan a ampliar los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo Social de Vivienda.
