La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido este jueves en que la futura Ley de Vivienda «no invade las competencias autonómicas» tras conocerse que la nueva propuesta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recuerda al Gobierno que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica».
«Reconocemos que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas, pero también el Estado tiene competencias para garantizar el acceso a la vivienda de los ciudadanos», ha dicho Sánchez en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, recogida por Europa Press.
La ministra ha recalcado que el informe del CGPJ, que es preceptivo pero no vinculante, debería ceñirse a tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que hacen referencia a los procedimientos de desahucios. No obstante, el documento «no incluye consideraciones que afecten a la validez de esos artículos».
Sánchez espera ahora recibir el informe del CGPJ para analizarlo, y ha garantizado que el Gobierno respetará el resto de consideraciones del documento y tendrá en cuenta «todo lo que pueda servir para ampliar la ley». Aún así, ha defendido que el Ejecutivo elaboró «la mejor ley» que podría presentar, con solvencia técnica y jurídica, ajustado al Derecho y sometido al examen de expertos constitucionalistas.
Sin fisuras en el Gobierno
La demora en la aprobación de la Ley por los plazos del CGPJ, que rechazó la primera propuesta del informe, ha causado tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición.
La formación morada ha expresado en varias ocasiones su temor a que los socialistas se echaran atrás en las cuestiones más ambiciosas de la normativa. El PSOE ha sostenido en este tiempo que esas dudas de sus socios eran injustificadas.
Sánchez ha subrayado que «no va a haber ninguna fisura, como no la ha habido estos días en el seno del Gobierno» y ha recalcado que existe «unidad» dentro del Ejecutivo.
La ministra también ha avanzado que su objetivo es que el anteproyecto vaya al Consejo de Ministros del 1 de febrero y se apruebe para su remisión «inmediata» a las Cortes. Sánchez ha pedido «el máximo consenso posible» durante el trámite parlamentario para conseguir «una herramienta que beneficia a todo el mundo».
