Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunidos en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, han acordado rechazarla y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.

El propio CGPJ ha informado de que se ha acordado por quince votos a seis rechazar esa propuesta de informe de Cuesta al aprobar la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas. Asimismo se ha acordado designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.

Fuentes del consejo consultadas por Europa Press señalan que tanto el anteproyecto como el informe de Cuesta tienen un evidente «sesgo ideológico» y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial.

Podemos acusa al CGPJ de extralimitarse en la Ley de Vivienda y de estar a favor de las «élites del ladrillo»

Podemos ha criticado que el rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la ponencia favorable a la futura Ley de Vivienda hace «dudar de la imparcialidad» que debería hacer gala el organismo, y desliza que algo ha tenido que ver la mano de las «élites del ladrillo» en este cambio de criterio.

Así lo ha desgranado en rueda de prensa la coportavoz estatal y responsable de la formación morada, Alejandra Jacinto, para poner de relieve que la norma respeta el marco competencial de las autonomías, frente a lo que cuestiona la enmienda aprobada del vocal Enrique Lucas contra al informe elaborado por su homólogo progresista Álvaro Cuesta.

Concretamente, ha reprochado que este asunto se ha usado como «coartada» para provocar un retraso «injustificable de la norma» y que el CGPJ se ha «extralimitado» en sus competencias, dado que su pronunciamiento debería haberse ceñido al cambio dentro del Código Civil para prohibir desahucios sin alternativa habitacional.

En consecuencia, ha enfatizado que el informe del CGPJ es «preceptivo» pero no «vinculante» y ha confiado en que el PSOE siga con ellos en la aprobación de esta normativa para hacer frente a la «emergencia habitacional» del país.

De hecho, ha recalcado que la normativa, que fue aprobada el 27 de octubre en Consejo de Ministros en primera vuelta, debería haberse remitido antes al Poder Judicial, sobre el mes de noviembre en lugar de diciembre. Preguntada por esa dilación, Jacinto ha dicho que esa cuestión debe aclararla la titular de Transportes, Raquel Sánchez.

Durante su comparecencia, la coportavoz de Podemos ha expresado que están «francamente preocupados» por este giro de «180 grados» en el CGPJ, que ha pasado de una propuesta favorable a la normativa, con incluso propuestas de mejora que podían incorporarse al texto, a un rechazo que hace cuestionar su imparcialidad.

Una situación que, a su juicio, pone de manifiesto que en materia de vivienda hay dos polos, la defensa de su consideración como derecho humano por parte de los colectivos sociales y el bloque de investidura, frente a «algunos sectores de la Judicatura», el «lobby del ladrillo» y los «especuladores» al generar un «retraso evidente» a una ley que garantizará bajada de alquileres, la movilización de vivienda vacía, la movilización de un parque público de pisos y el freno a los desahucios sin alternativa habitacional.

También ha reprochado que el CGPJ tampoco cumple los plazos legales que debía haber seguido y que entrar en disquisiciones sobre el impacto competencial de la norma supone una extralimitación de funciones que «no debería tener cabida». Es más, ha recalcado que medidas como la regulación del precio del alquiler va en la línea de las actuaciones emprendidas por la Generalitat catalana y valenciana.

Finalmente, Jacinto ha apuntado que la Ley de Vivienda debería retomar su tramitación en febrero y ha opinado que existe margen para mejorar el texto en el Congreso, como han manifestado socios parlamentarios del Ejecutivo y colectivos sociales, sin perjuicio de que esta norma ya consagra la vivienda como un derecho. Lo relevante, ha concluido, es que se obtenga un texto legal lo «más garantista posible» y que salga cuanto antes.

Una de las aspiraciones del grupo parlamentario de Unidas Podemos es conseguir reducir a tres meses el periodo de tránsito desde la aprobación de la normativa hasta la entrada en vigor del sistema de índices de referencia para regular los precios del alquiler, en lugar de los 18 meses que se fija ahora en el texto como ‘vacatio legis’.

La FAI pide un Pacto de Estado por la Vivienda tras el rechazo del anteproyecto de ley por parte del CGPJ

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha remarcado la necesidad de trabajar para fijar un Pacto de Estado por la Vivienda acordado con los diferentes actores implicados en este tema, tras el informe negativo del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) del anteproyecto de Ley de Vivienda.

En opinión de la FAI es necesario tomar medidas «estructurales, consensuadas y que no estén sujetas a vaivenes ideológicos» y la mejor forma es convocar a los diferentes intervinientes mediante grupos de trabajo sectoriales, en los que se propongan medidas para atajar de raíz el problema de acceso a la vivienda, tanto en el tema del alquiler como la compraventa.

Sobre la regulación del mercado del alquiler, asunto de vital importancia en el anteproyecto de ley de vivienda, para FAI todas las normativas dirigidas a poner topes a los precios «conllevan altos riesgos», como la retirada de viviendas para arrendar, afloramiento del mercado negro, envejecimiento del producto en alquiler al no poder actualizar las rentas o la falta de seguridad jurídica u otras restricciones que perjudican finalmente al arrendatario y hacen que sean medidas contraproducentes.

Por último, ha señalado que debido a que el mercado no es uniforme, toca articular medidas que reflejen todas las realidades y sensibilidades y escuchar a todos los agentes sociales. «Desde FAI queremos brindar al Gobierno nuestra colaboración y ayuda, como conocedores de primera mano de la realidad del mercado y necesidades del pequeño propietario y los inquilinos, para buscar soluciones al problema de acceso a una vivienda», han sentenciado.