La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha alertado de que la propuesta de borrador del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana encaminada a la bonificación fiscal y la no limitación de los precios para la regulación del mercado del alquiler en la nueva Ley de vivienda «nace coja» si no se recogen más medidas concretas en materia de seguridad jurídica para proteger a arrendadores y arrendatarios.

En concreto, en un comunicado, la federación ha abogado por medidas que eviten la retirada de bienes inmuebles en régimen de alquiler o una selección o ‘casting’ de inquilinos.

«Esta situación de menor oferta y más selectiva dejaría fuera a las personas económicamente más vulnerables y que mayor necesidad tienen de residir en régimen de alquiler», según la federación.

La necesidad de abundar en nuevas medidas que pongan fin a la incertidumbre

FAI ha remarcado que el borrador debería ahondar más en medidas que pongan fin a la incertidumbre y la inseguridad jurídica que existe actualmente en el mercado del alquiler de vivienda.

De hecho, ha puesto de relieve que el importante aumento de la morosidad en este mercado, junto con el tiempo que se necesita actualmente para recuperar la posesión de un inmueble en caso de impago, «amenazan con provocar una reducción extraordinaria de la oferta en alquiler».

En esta línea, la Federación ha sugerido que se ponga en marcha una oficina autonómica de resolución extrajudicial de conflictos. Desde su punto de vista, esta oficina debería estar vinculada a los depósitos de fianza, que contribuya a que afloren los alquileres no declarados, y en disposición de emitir sentencia firme, mediante laudo arbitral, en menos de 45 días.

FAI ve «inadmisible e insoportable» que los pequeños propietarios tarden en recuperar una vivienda por impago de alquiler una media de 12 meses.

También ha propuesto la creación de un sistema público, mediante gestión privada, que se encargue de administrar vivienda de particulares cedida en arrendamiento durante al menos cinco años, garantizando el mantenimiento y el cobro de la renta al propietario, siempre que esta no exceda del valor máximo para viviendas de protección pública (VPP) en su zona de influencia.

«Más allá de las políticas para el desarrollo del parque público de vivienda en alquiler en las zonas más tensionadas, fundamental a medio plazo, las propuestas planteadas en términos de incentivos o bonificaciones y seguridad jurídica son esenciales para hacer sostenible y equilibrar el mercado de alquiler, ante una demanda creciente que necesita urgentemente soluciones eficaces y no experimentales», ha apostillado.