Cinco Días, Raquel Díaz Guijarro, 26 de junio – Al ser éste un país de pícaros, a nadie le extraña que incluso antes de que fuera obligatorio para todas las casas que se vendan o alquilen disponer de un certificado energético, surgieran empresas y profesionales que ofrecían sus servicios a precios sensiblemente más bajos de los que se marcaron como más probables, si bien en esta materia existe libertad de tarifas. Sí sorprende “lo rápido que se ha producido ese cierto mercadeo del certificado energético”, admiten algunos profesionales.
En principio, “una rebaja generalizada de precios no es mala en sí misma”, admite el director del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria (IDAE), Fidel Pérez Montes; el problema es si esa rebaja de tarifas va acompañada de prácticas cuanto menos sospechosas.
Así, por ejemplo, el Colegio de Aparejadores de Madrid ha detectado algunos anuncios publicitarios que garantizan la máxima calificación (A) si se contrata la certificación energética con la empresa anunciante. “Algo que convierte el certificado en una mera trivialidad cuando se trata de una iniciativa crucial si queremos reducir las emisiones contaminantes y lograr viviendas y edificios más eficientes”, asegura Jesús Paños, presidente de dicha organización colegial.
Otras prácticas que comienzan a convertirse en habituales son las que consisten en ofrecer realizar la certificación del inmueble a distancia. “Eso no se puede aceptar de ninguna manera”, afirma José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica, quien explica que el propio real decreto que regula la certificación exige la visita al inmueble del profesional capacitado y previamente autorizado (recuerden que no todos tienen potestad para realizar esta clase de estudios).
Entre 200 y 300 euros
También se han producido visitas de determinadas empresas a comunidades de vecinos que ofertan precios mucho más bajos si proceden a realizar la certificación de todas y cada una de las casas que componen la finca, frente a la tarifa que aplicarían si solo emiten el certificado para una minoría. “En este caso, la diferencia de precios es lógica porque la fachada es común a todas las casas de un mismo edificio, los cerramientos, el aislamiento acústico, se pueden ahorrar algunos costes”, admite Galdón.
Sin embargo, el presidente del Consejo General de la Ingeniería incide en que para una sola vivienda, “yo desconfiaría de quien oferte el certificado por 80 euros, ya que solo el desplazamiento del profesional, la toma de medidas y los cálculos que debe efectuar superan ese coste. Las tarifas con las que se está trabajando entre los 200 y 300 euros por vivienda”.
Caro o barato, el Gobierno insiste en que el certificado debe ir firmado por un profesional acreditado, con seguro de responsabilidad civil. Además, llevará a cabo inspecciones y sancionará a quienes incumplan la normativa.
Primero el coche, después la lavadora y por fin la casa
Ahora es impensable que cualquiera que vaya a comprar un coche no compare los consumos que le indican los fabricantes de todos los modelos que le interesan (exceptuando aquellos que quieran un automóvil concreto y no estén dispuestos a cambiarlo por otro). Tampoco parece razonable escoger cualquier electrodoméstico de uso frecuente (frigorífico, lavadora o lavavajillas) sin valorar el ahorro que supone en la factura energética que tenga una calificación u otra. Pues eso mismo persigue el Ejecutivo con la certificación de viviendas y edificios.
Para evitar aquello de “no puedo poner la calefacción en toda la casa porque no hay quien pague la factura del gas”, el Gobierno se ha comprometido a cambiar la cultura actual y concienciar a la población del ahorro que puede obtener si su piso está bien acondicionado.
