elpais.com, Clara Blanchar, 08 de junio – El Gobierno catalán tiene previsto aprobar en breve la figura jurídica que permitirá a los promotores, públicos o privados, hacer pisos de propiedad compartida o “tenencia intermedia” que contempla la legislación en materia de vivienda. Se trata de una modalidad a medio camino entre la compra y el alquiler que consiste en que las familias paguen cada mes por su vivienda un porcentaje que corresponde a la compra y otro para usar la casa. Para ello, debe aprobar una modificación del Código Civil. Además, el Ejecutivo reduce de 30 a diez años el plazo de protección de pisos sociales con poca demanda.
Habitual en Reino Unido, las tenencias intermedias están pensadas para ir comprando poco a poco: que con los años el porcentaje de propiedad aumente y el de alquiler se reduzca hasta ser dueños del 100 %. El porcentaje de venta y alquiler depende de lo que las dos partes acuerden y los bancos españoles que operan en Reino Unido están habituados a dar estas singulares hipotecas.
En un momento de crisis y paro desbocado como el actual, esta modalidad blinda el sobreendeudamiento y podría evitar desahucios si las familias cedieran porcentaje de propiedad a los dueños de sus pisos, ya sean entidades financieras o promotores, según defiende el Gobierno catalán. El director de la Agencia de Vivienda de la Generalitat, Jaume Forn, confía en que la tenencia intermedia sea una “palanca” para que entidades y promotores reactiven el mercado inmobiliario. Para las familias con vocación de propietarios —en un momento en el que la legislación es menos favorable a los inquilinos y les da menos estabilidad— supone “contratar hipotecas que pueden pagar”. “Pensando en un contexto socioeconómico de futuro, donde la incertidumbre es mayor, es una alternativa a la compra y también al alquiler social”, defiende.
Forn explica que la Generalitat ha detectado “interés en la nueva figura entre los promotores públicos y las entidades financieras”. No tanto entre los promotores de vivienda libre. Partidarios habitualmente de la compra, no acaban de ver claro el nuevo modelo.
Respecto a la vivienda social, el decreto ya aprobado por el Ejecutivo catalán tiene en el plazo de protección una de sus principales novedades. En el artículo 47 acorta la vigencia del plazo de 30 años a 20 e incluso 10 “en caso de promociones en suelos sin reserva urbanística de destinación y sin obtener ayudas directas” en municipios no incluidos en las “áreas de demanda residencial fuerte y acreditada”. Estas áreas corresponden a los 67 municipios más poblados de Cataluña. El secretario de Vivienda, Carles Sala, defiende el recorte del plazo de protección como medida “incentivadora”. “Busca que si hay alguien, sea promotor público o privado, dispuesto a poner ladrillos, incentivarle a que lo haga”, afirma. Los expertos advirten sobre la importancia de tener un parque público estable, lo que entra en contradicción con pisos sociales que pueden venderse a los 10 años.
