valenciaplaza.com, 27 de marzo – El anteproyecto de Ley de la Función Social de la Vivienda, que ha elaborado la Conselleria de Vivienda establece un sistema de ayudas para estimular a los propietarios e inversores a que ofrezcan en alquiler sus viviendas y favorecer así la salida al mercado de las viviendas vacías y satisfacer las necesidades habitacionales, sobre todo, de los colectivos con mayor vulnerabilidad.
Desde la Generalitat han indicado en un comunicado que el texto legislativo, que tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible, prevé diferentes iniciativas para evitar la prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada, ya que el 15 % de las viviendas de toda la Comunitat están vacías, según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, esto supone unas 500.000 en todo el territorio valenciano.
Así, dispone que la Conselleria competente en materia de vivienda establecerá un sistema voluntario de obtención o de oferta de viviendas privadas para su puesta en alquiler.
Con esta finalidad, la Conselleria constituirá un sistema de ayudas para estimular a los propietarios e inversores a poner en el mercado de alquiler viviendas para personas y unidades de convivencia con dificultades para acceder a dicho mercado con ingresos inferiores a 4,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
En estos casos, la administración pública pondrá en marcha una serie de medidas para el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupación de las viviendas que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jurídica.
Alquiler solidario
Asimismo, la norma también prevé que la Generalitat podrá adoptar la iniciativa para alquiler solidario de pisos vacíos que necesitan algún tipo de rehabilitación y cuyos propietarios no pueden asumir los gastos que representa.
Esta iniciativa, según ha apuntado el departamento que dirige María José Salvador, prevé favorecer a los propietarios de las viviendas que no pueden mantenerlas ni rehabilitarlas, pero que quieren conservar la propiedad. También tiene como finalidad movilizar las viviendas desocupadas y obtener más viviendas para políticas sociales, así como propiciar que se hagan obras de rehabilitación para generar ocupación.
Los propietarios que se quieran acoger a estas medidas podrán ceder su vivienda a la Generalitat para que, a través de la red de intermediación, se disponga para su arrendamiento por un período máximo de seis años. Por su parte, los propietarios cobrarán una renta mensual por el importe que se regule reglamentariamente y contribuya a los gastos ordinarios de la vivienda a cambio de tener su propiedad arreglada y en uso.
La Conselleria será la encargada, en estos casos, de hacer el estudio económico y rehabilitación pertinente, gastos que junto con todos los derivados de la gestión, se repercutirán en el propietario.
Todas estas medidas se complementan con ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30 % de los ingresos, así como con ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas.
