eldiario.es, Carlos Naverro, 19 de abril – La nueva Ley de Huerta impedirá urbanizar sobre 10.000 hectáreas de suelo agrícola y frenará la reclasificación de los campos que separan Valencia, Alboraia y Tavernes.

Además, la normativa incluye un Plan de Acción que obligará a propietarios que tengan terrenos abandonados a alquilarlos para su cultivo.

«Queremos que los ciudadanos no tengan que luchar más contra sus gobiernos para salvar su identidad y sus raíces». Así se ha pronunciado la consellera de Territorio, María José Salvador, para presentar la Ley y el Plan de Acción Territorial de l’Horta de València que supondrá la protección de 10.000 hectáreas de suelo agrícola, lo que supone un 15 % más de la superficie prevista inicialmente. También quedarán protegidos más de 1.000 elementos patrimoniales como alquerías, acequias o barracas.

Según ha explicado Salvador, entre los años 2007 y 2008 hasta 65 municipios aprobaron Planes Generales de Ordenación Urbano (PGOU) que suponían la conversión de un 30 % de la huerta en suelo urbanizable. Así, tras reunirse con todas las localidades afectadas, se ha acordado revertir esta situación y, además de proteger, habilitar mecanismos para poner en valor y dar uso a todo este suelo agrícola, algo que ha quedado plasmado en la Ley y el Plan de Acción que va a comenzar a tramitarse: «Esperamos que se pueda aprobar definitivamente en el segundo semestre de este año», ha añadido Salvador.

En este sentido, entre los espacios que estaban pendientes de convertirse en urbanizables y que quedarán protegidos figura toda la huerta que separa Valencia, Alboraia y Tavernes, parte de la cual el Gobierno municipal de Rita Barberá pretendía reclasificar en la revisión del PGOU que aprobó inicialmente, y que ahora ha suspendido el tripartito que dirige Joan Ribó.

También quedan protegidos los terrenos donde se pretendía construir un campo de golf y 1.500 viviendas en el Puig, o el plan urbanístico aprobado en Torrent para urbanizar unos suelos tras el soterramiento de las vías de metro.

En cuanto al Plan de Acción para poner en valor la huerta, una de las principales medidas que incluirá será la posibilidad de expropiar el uso de los campos que estén más de tres años abandonados. En estos casos, la Generalitat podrá obligar a los propietarios a alquilarlos a agricultores interesados en trabajarlos.

Además, habilitará mecanismos legales para que se consideren como zonas verdes los espacios agrícolas que se recuperen para el uso ciudadano, rebajando así los costes de los ayuntamientos para generar estos entornos de esparcimiento.

Por último, se creará un ente gestor encargado de crear una marca específica que identifique los productos de L’Horta y se crearán puntos de venta de kilómetro cero, en los que se pondrán a la venta de forma inmediata, tras haber sido recogidos de los campos. La Ley prevé también un endurecimiento de las sanciones contra los robos en las explotaciones agrícolas.