El Pleno del Congreso ha aceptado este martes tramitar la proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y que ha sido defendida en la Cámara por En Comú Podem.

El PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu, UPN y Nueva Canarias han apoyado su tramitación, mientras que PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria han votado en contra. El PNV, por su parte, ha optado por abstenerse.

En todo caso, se trata del primer paso del recorrido parlamentario, y además de los recelos de PP y Ciudadanos, los socialistas ya han anunciado que propondrán enmiendas para cambiar el articulado de la ley.

La iniciativa fue registrada el pasado enero por Unidos Podemos junto con Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu, y pese a que fue inicialmente vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el grupo confederal volvió a presentarla tras un fallo del Tribunal Constitucional que daba la razón a la Cámara Baja en su contencioso con el Ejecutivo en relación con los vetos a leyes de la oposición.

Dación en pago retroactiva y límites a los desahucios

La iniciativa regula la dación en pago retroactiva, establece mecanismos de segunda oportunidad para su concesión, elimina cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas, con compensación económica, y deroga la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios.

Asimismo, extiende la actual moratoria de desahucios a todas aquellas de primera y única vivienda, contiene medidas de transparencia para la titularización de créditos, plantea la obligación a bancos y grandes tenedores de ofrecer un alquiler social antes de la ejecución de un desahucio, y ayudas para el mismo cuando el propietario es un pequeño tenedor.

Respecto al alquiler, la propuesta contiene una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir un mayor margen a las corporaciones locales para frenar «aumentos abusivos» del alquiler, limitar la rescisión de los contratos y que éstos tengan un mínimo de cinco años.

La reforma de la LAU es, de hecho, una de las líneas rojas trasladadas por En Comú al Ejecutivo de Pedro Sánchez para brindar su voto favorable a los Presupuestos de 2019, que el Gobierno negocia con Unidos Podemos. Asimismo, la norma establece el aumento del parque público de vivienda y que estos alquileres sociales no rebasen el 30% de los ingresos en una unidad familiar.

Medidas contra la pobreza energética

Por último, la proposición de ley contempla varias medidas para erradicar la pobreza energética, estableciendo un principio de precaución basado en la garantía de imposibilitar cortes de agua, luz y gas sin que exista una comprobación de la situación del hogar afectado.

Asimismo, la norma establece que no sea la Administración la que asuma estas deudas con recursos públicos, sino que sean las propias compañías suministradoras las que sufragan el coste de mantener el servicio a hogares con situación de vulnerabilidad.