Mucho se ha hablado estos días sobre el nuevo bono social eléctrico. El Consejo de Ministros aprobó este pasado viernes un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico.
Las medidas más importantes que se añaden son la ampliación de la cobertura del bono social eléctrico para familias monoparentales y la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social eléctrico, en los que además viva un menor de 16 años. Son algunas de las medidas que quieren atajar la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.
Según la ministra de para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estamos ante una serie de medidas a aplicar mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para proteger a los consumidores más vulnerables.
Las principales novedades del bono social eléctrico
Estas Medidas Urgentes, aprobadas en real decreto-ley, incluyen medidas como la prohibición de cortar al luz (un suministro esencial) en aquellos hogares en los que resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior, que tenga menos de 16 años o que tenga una situación de dependencia en grado II y III.
Hay que señalar, eso sí, que estas circunstancias tendrán que evaluarse y acreditarse mediante certificados médicos expedidos por los servicios sociales.
Por otra parte, con el nuevo bono social eléctrico, las familias monoparentales ahora también podrán acceder a este descuento, teniendo en cuenta que son colectivos más vulnerables a la pobreza energética, especialmente en el caso de mujeres. Y es que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente una madre.De este modo, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.
Además, se han modificado los límites de consumo de energía con derecho a descuento. La nueva normativa se amplía un 15%, con el objetivo de compensar los incrementos de precios que se han materializado en las facturas. Con esto el Ejecutivo busca acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables.
Por otra parte, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento, con lo que se facilita también la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen ser aquellos en los que las temperaturas son más bajas.
Además, la norma también prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, que expiraba este 8 de octubre.
El nuevo bono social térmico
El Gobierno también ha creado un nuevo bono social térmico, al que podrán acogerse los hogares que sean beneficiarios del bono social eléctrico a fecha de 31 de diciembre. Se trata de una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.
El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre. Su cuantía dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.
A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría).
El futuro: una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética
La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. Así, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación.
En su elaboración se contará con las comunidades autónomas y entidades locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.
