El Gobierno de coalición que han pactado el PSOE y Unidas Podemos contempla la suscripción de «convenios bilaterales» con las ciudades donde se dan situaciones «de mercado tensionado» del precio del alquiler que permita hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda, y en dichos convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.

Así figura en el documento de propuestas que han suscrito ambos partidos, bajo el título ‘Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España’ al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se comprometen también a impulsar reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.

Asimismo, ambos partidos apuestan por establecer un marco legal que defina los conceptos de ‘vivienda vacía’ y ‘gran tenedor de vivienda’ y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico.

A su vez, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la Administración competente para poner a disposición del
mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.

Sareb y alquileres sociales

Con la misma finalidad, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos elaborará un plan de actuación de la Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.

En materia de vivienda de protección pública se comprometen a elaborar una normativa que garantice su explotación «únicamente» para alquiler de personas vulnerables, «evitando que sean vendidas o explotadas por ‘fondos buitre'», al tiempo que se movilizará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con
instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler.

Junto con los convenios bilaterales en las ciudades con los precios de alquiler más altos, PSOE-Podemos reorientarán el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas. Para ello, se movilizará el suelo público que se encuentre disponible, se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas y se adoptarán medidas para agilizar los trámites en la concesión de licencias.

Protección a las personas hipotecadas

El programa de Gobierno en materia de vivienda también contempla medidas de protección a las personas hipotecadas, como la mejora de la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas, al tiempo que el procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la
normativa europea.

Igualmente, se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias
sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad, y se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.