La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) mostró su preocupación por el retraso que ha sufrido la tramitación de la Ley de Vivienda, que el Gobierno tenía previsto aprobar el 18 de enero de 2022, y pidió que se apruebe lo antes posible con el fin de hacer frente a la desprotección que durante años vienen sufriendo los consumidores para acceder a un derecho fundamental.

CECU, la primera confederación de consumidores constituida en España en 1983 sobre la base de asociaciones autonómicas, lamentó el rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al informe, que consideraba el anteproyecto ajustado a la Constitución, y que provocará un retraso de varias semanas en la tramitación de la ley.

Además, recordó al CGPJ – cuyo mandato caducó hace más de tres años – que son los consumidores, tanto los que compran vivienda como los que la alquilan, los que pagan las consecuencias de este retraso que alarga aún más una emergencia habitacional que ha afectado a la ciudadanía española durante años.

CECU explicó que, por su recorrido histórico, ha visto cómo las dificultades para acceder a la vivienda han liderado año tras año las consultas y reclamaciones y aseguró que, teniendo en cuenta que la vivienda suele ser el producto cuyo consumo mayor desembolso implica, es inaceptable que no se ataje cuanto antes la desprotección de estos consumidores.

La Confederación resaltó además la necesidad de esta ley por el elevado número de viviendas vacías en España, el factor determinante del acceso a la vivienda en la exclusión social, la repercusión económica que tiene sobre los consumidores vulnerables y la necesidad de sanear el mercado inmobiliario, entre otros motivos.

Para que la futura Ley sea efectiva en su defensa del derecho a la vivienda y de una política de vivienda sostenible, CECU destacó la necesidad de voluntad y esfuerzo por parte de todas las administraciones con competencias en este asunto: Estado, Comunidades Autónomas y administraciones locales.