elconfidencial.es, Marcos Lamelas, 15 de febrero – Ada Colau quiere cambiar las reglas del juego. Y la promoción de vivienda va a ser el terreno escogido para ello, en coherencia con su pasado como activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El plan es muy ambicioso: construir 2.365 viviendas durante su mandato, una inversión pública que rondaría los 500 millones de euros y que asumiría de forma mayoritaria el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, organismo dependiente del ayuntamiento. Cuando el proyecto arranque, Colau se convertirá en la mayor promotora de Barcelona.
El plan, al que ha tenido acceso El Confidencial, lo está presentando estos días el nuevo gerente de Vivienda del Ayuntamiento, Javier Burón, en múltiples rondas con promotores, empresarios y diversos agentes sociales. El Ayuntamiento de Barcelona, de los pocos de España que disfrutan de superávit, cuenta con fondos suficientes. Pero, tal y como señala el proyecto, se quiere utilizar financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para crear un parque público de vivienda de alquiler en Barcelona a la altura de cualquier ciudad europea. La media en la UE se sitúa en el 15 % de pisos de alquiler en una ciudad media. En Barcelona, este porcentaje se limita apenas al 1,5 %.
Teniendo en cuenta que en 2015 la totalidad de promotores privados construyeron 3.000 viviendas en la capital catalana, un impulso de este tamaño convertirá al consistorio catalán en el primer motor inmobiliario de la ciudad.
De las 2.365 viviendas que quiere impulsar Ada Colau, casi 800 son pisos que ya están en construcción, la mayoría de ellos (un total de 105 inmuebles) en el barrio de Glòries, a cargo del Patronat. Del resto, otras 518 se encuentran en trámite de conseguir la licencia, la mitad de ellas en el barrio de Sant Andreu.
Y el resto son el proyecto estrella de Colau: 10 promociones en otros tantos solares de los que también se encargará el patronato municipal. Esta parte suma 1.145 viviendas repartidas en una decena de terrenos, definidos en el proyecto de Burón como “suelo público y asequible en el área metropolitana de Barcelona”.
Apuesta por la Zona Franca
La apuesta de Colau por la Zona Franca es clara. De los nuevos proyectos, dos de las promociones suman 534 pisos para que arranque el nuevo barrio de la Marina, que se quiere construir en esa parte de la ciudad.
Pero la vivienda nueva solo es una parte de la apuesta, si bien la más relevante desde el punto de vista del esfuerzo económico del ayuntamiento. Los planes de Colau también pasan por medidas como un “futuro mapeo y movilización de vivienda (vacía de particulares) para orientarla hacia el alquiler asequible”, “negociación, compras y ejercicio del tanteo y retracto con las entidades financieras” y aplicar un “procedimiento sancionador y medidas fiscales contra la infrautilización”, es decir, penalizar los pisos vacíos, según consta en el proyecto titulado ‘La acción pública local en materia de vivienda en Barcelona’.
Como refleja un estudio realizado en abril de 2015, en Barcelona hay 31.200 pisos vacíos, de los cuales unos 2.592 son propiedad de entidades financieras, constando así en el registro creado por la Generalitat y como pone de manifiesto el proyecto de Colau. La alcaldesa quiere llegar a acuerdos con los bancos para que le cedan estos inmuebles para dedicarlos también al alquiler social.
División de opiniones
En el sector inmobiliario de Barcelona hay división de opiniones sobre el plan de Colau. Por una parte, se cree que será bueno para el empleo y que dinamizará el sector de construcción residencial. También que afectará poco o nada al precio de la vivienda libre en Barcelona, al destinar todo este esfuerzo a futuros ocupantes cuyas rentas bajas ya les estaban excluyendo de convertirse en futuros clientes hipotecarios.
Pero en otros sectores consultados, en cambio, se critica al proyecto por caro y grandilocuente. La intención es buena y el problema es real: según datos facilitados por el Decano de Barcelona, se producen unos 2.400 desahucios al año, el 80 % de ellos por impago del alquiler. Pero el problema se podría afrontar llegando a acuerdos con las entidades financieras, sin cambiar la titularidad del inmueble y subvencionando a los bancos para mantener estos alquileres sociales, una fórmula más barata pero sobre todo más efectiva y rápida para lo que es una verdadera emergencia social. En especial, las 10 promociones con más de 1.000 solares tardarán años en estar disponibles a causa de la lentitud de los trámites urbanísticos.
Según los propios datos que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona, hay un total de 28.238 unidades familiares inscritas a 31 de diciembre de 2015 que solicitan un piso en régimen protegido, lo que representa un total de 53.889 personas. La mayor parte de ellas, un 49 %, con una renta disponible inferior a los 14.900 euros por familia. Por tanto, aunque se trata de un esfuerzo ingente, todavía estaría muy por debajo de la demanda en una ciudad donde la vivienda es un problema muy real.
