El anteproyecto de Ley de Vivienda acordado por el PSOE y Unidas Podemos para, entre otras cosas, regular el precio del alquiler ha provocado una disparidad de opiniones entre las comunidades autónomas, que serán las encargadas de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos de esta norma. Así, las autonomías gobernadas por el PP han adelantado que no aplicarán esta Ley de vivienda, mientras que varias CCAA del PSOE han aplaudido el acuerdo, si bien algunas de ellas, como Extremadura, ha avisado de que no tiene «zonas tensionadas».

Precisamente, uno de los puntos claves de esa ley es la posibilidad que ofrecerá a las comunidades y ayuntamientos de declarar zonas tensionadas del mercado del alquiler, para poder aplicar los mecanismos tanto de incentivos fiscales como de congelación o la limitación de los precios.

Es decir, las comunidades autónomas jugarán un papel clave en la implementación de esta ley de la vivienda que el Ejecutivo central quiere llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Es más, muchas de estas comunidades autónomas han recordado al Gobierno central que las competencias en materia de vivienda recalan en los Ejecutivos autonómicos.

Por ello, el propio ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha avisado que las CCAA que no soliciten la declaración de área tensionada perjudicarán tanto a pequeños propietarios como a inquilinos.

Bolaños se ha expresado de esta manera respondiendo a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que han ido avanzando, tras conocerse los detalles del acuerdo, que ellas no aplicarán esta norma en sus territorios. De hecho, el propio líder ‘popular’, Pablo Casado, ha anunciado esta misma mañana que la recurirrá ante el Tribunal Constitucional y ha ratificado que sus CCAA no la llevarán a cabo.

Acusan al Gobierno de «intervencionismo»

Y es que los Ejecutivos gobernados por el PP culpan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer hacer una norma «expropiatoria» e «intervencionista». Así, por ejemplo, lo ha verbalizado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, esta misma mañana avanzando su rechazo a la ley porque está «alejada de las políticas liberales de la Región de Murcia».

En parecidos términos se ha expresado la Comunidad de Madrid, que ha señalado que defenderá a los propietarios y les «blindará» frente al proyecto de ley. «Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada», ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.

Mismo argumento utilizaron en la Junta de Andalucía, que fueron los primeros en reaccionar a los detalles desgranados del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. En este contexto, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, manifestaba que «el Ejecutivo andaluz está en contra del intervencionismo, de la hiperregulación» y abogaba como medida alternativa a rebajar el precio del alquiler «construir más viviendas públicas y no intervenir en el mercado».

En el caso del Gobierno de Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha rechazado el «intervencionismo» de Sánchez y ha recordado que la Junta apuesta por «incentivar, fomentar y ayudar a las personas con más dificultades.

Sin negociar con las Comunidades Autónomas

Otro de los ‘barones’ del PP, como es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha querido ir más allá en la crítica al Gobierno y le ha reprochado que no negociase con las comunidades autónomas esta ley de vivienda.

«Si tenemos competencias compartidas es sorprendente que se impida la negociación real entre Gobierno y comunidades autónomas», ha recriminado Feijóo, que además ha censurado que de lo que se conoce del acuerdo «no se desprende nada bueno».

Esta queja por no haber consultado a las CCAA también ha sido adquirida por el Gobierno de Aragón del ‘barón’ socialista Javier Lambán. Según fuentes del departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, el proyecto de ley se ha elaborado «sin consulta, por lo menos a Aragón, y tampoco se ha facilitado para su lectura». Además, recuerdan que «las competencias de Vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas».

En el caso de la Generalitat de Cataluña, la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha advertido que también recurrirán la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional si interpreta que ha «invadido competencias» catalanas. Además, solicita que sea el Ejecutivo catalán el encargado de gestionar el ‘bono vivienda’ de 250 euros anunciado por Pedro Sánchez.

Sin zonas tensionadas

Eso sí, algunas CCAA como Extremadura, del ‘barón’ socialista Guillermo Fernández Vara hacen referencia precisamente al término de zona tensionada avisando que en su región no se dan en este momento estas zonas tensionadas de alquiler.

En todo caso, en el supuesto de que se diera una circunstancia de esas características, fuentes del Ejecutivo extremeño consultadas por Europa Press entienden que dentro de la futura Ley de Vivienda estatal se encierran «instrumentos útiles» para afrontar la situación.

En concreto, destaca dentro de dicha norma estatal los instrumentos dirigidos a facilitar que el esfuerzo inversor para el acceso a la vivienda sea «razonable», y en la tendencia de que las familias no tengan que destinar «más de un 30 por ciento de sus ingresos» al pago de la misma.

En el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha lamentado que no conoce nada del proyecto, asegurando que habrá que esperar a ver por dónde viene planteadas todas las intenciones para facilitar la adquisición y el alquiler.

«He visto que se habla de zonas muy tensas. A priori se dirige a los grandes núcleos urbanos, que no se dan en la región, que tiene problemas diferentes», ha precisado el titular del Ejecutivo, que se mantendrá a la espera de conocer el texto legislativo.

Varias Comunidades Autónomas del PSOE celebran el acuerdo

No obstante, varias autonomías gobernadas por el PSOE como Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana o La Rioja han visto con buenos ojos este anteproyecto de ley. En cualquier caso, y también a falta de que lo apruebe el Consejo de Ministros y que siga su trámite parlamentario, aún no se han pronunciado de manera oficial CCAA como Navarra, Cantabria, Canarias y Euskadi.

En el caso del presidente asturiano, Adrián Barbón, se ha referido al «escudo social» puesto en marcha por el Gobierno estatal como la mejor formula para defender a los más vulnerables con medidas como las anunciadas este miércoles en materia de vivienda. Por su parte, el Gobierno balear considera una «buenísima noticia» la ley de vivienda.

En La Rioja, el portavoz del Ejecutivo, Álex Dorado, ha señalado que «todo lo que suponga promocionar la vivienda social y ayudar a los más vulnerables, lo apoyaremos».

También la Comunidad de Valenciana tiene «sensaciones positivas» con esta norma en materia de vivienda, ya que consideran que va en la línea de la ley valenciana de Función Social de la Vivienda y que «fortalece» el marco jurídico en que se enmarca esta normativa.

Parecido diagnóstico hacen desde Cantabria, que reivindican su valoración «muy positiva» de la ley. Las medidas dadas a conocer ayer por Sánchez están «totalmente alineadas» con la norma cántabra, que está en tramitación.