El Confidencial 2/10/2012 – Economía necesita limitar el tamaño del ‘banco malo’. La nueva sociedad de gestión de activos, tutelada por el FROB, ha concretado una serie de parámetros para conseguir que la dimensión del vehículo sea administrable en la medida de lo posible. Para ello, según distintas fuentes del mercado, dejará fuera a los activos inmobiliarios de las entidades financieras cuyo valor neto sea inferior a 100.000 euros, una referencia de precio con la que pretende evitar que le transfieran activos de pequeño importe difíciles de comercializar.
De momento, las características del ‘banco malo’ son todavía un misterio. Nada
se sabe respecto al precio al que se comprarán los activos tóxicos a las entidades ni de cuánto tiempo exacto dispondrá para liquidarlos. Tampoco se sabe quiénes serán sus accionistas, cómo se organizará su gestión ni quién estará al frente. Algunas de estas incógnitas deberían despejarse mañana miércoles con la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, que explicará en el Congreso de los Diputados las líneas marco por las que se regulará esta nueva sociedad.
El trabajo a tres entre Economía, el FROB y la Troika para definir el ‘banco malo’ diseñado desde la consultora Álvarez & Marsal todavía no ha concluido. Sin embargo, existe cierto consenso sobre la necesidad de que la nueva sociedad tenga un tamaño manejable, a pesar de que por la cantidad de activos tóxicos que le transfieran se cree la compañía de real estate más grande de Europa, dado que le atribuyen magnitudes récord, pues absorbería 150.000 unidades inmobiliarias y 200.000 créditos con garantía hipotecaria.
De acuerdo a esta premisa, algunos expertos consideran que habría resultado más operativo para la posterior gestión que cada entidad nacionalizada hubiera constituido sus respectivos bancos malos, como ya hizo la banca española en crisis anteriores. Así lo entiende, por ejemplo, el inmobiliario José Luis Miró, responsable de Almar Consulting y asociado de European Resolution Capital, para quien el correcto funcionamiento del sector en los próximos años, por el volumen de negocio a generar, dependerá de cómo se articule la sociedad de gestión de activos.
Uno de los puntos que parece decidido es la participación de las propias entidades financieras en la gestión de los activos que transfieran al ‘banco malo’. Esta solución, aceptada por pura necesidad, tiene un carácter transitorio y vocación de no prolongarse en el tiempo más allá de 2013. Falta por definir, sin embargo, que tipo de relación vinculará a los bancos con el vehículo del FROB, sobre todo a la hora de establecer los gastos de gestión y la remuneración con incentivos de los directivos que desempeñen estas funciones.
Mientras se define ese nivel de relaciones entre las partes, el FROB acaba de iniciar el proceso de selección de directivos para echar a rodar el
‘banco malo’, que debe estar operativo para el 1 de diciembre. La semana pasada, la sociedad pública mandató a varios head hunters para que propongan a los candidatos que deberán formar la cúpula de la sociedad de gestión de activos, mientras que el grueso de la plantilla, que está previsto que supere las cien personas, se reclutará en una segunda fase mediante un programa de selección más amplio.
El negocio de gestionar los activos
A pesar del intento por gestionar el ‘banco malo’ bajo criterios de mercado, el FROB es consciente de que tendrá que recurrir a terceros para inventariar, categorizar y comercializar el alud de activos tóxicos que asumirá bajo su paraguas. Dada la actual sequía existente en el mercado, sobran candidatos interesados en participar en esa ventana de negocio, incluidos los integrantes del viejo lobby G-14, que ven en este vehículo la única oportunidad de mantenerse operativos dentro del deprimido sector inmobiliario. Todos anhelan participar de esa fiesta.
A la espera de que el ministro De Guindos de a conocer la letra pequeña, algunas firmas independientes han aportado propuestas para que el ‘banco malo’ no cargue con las potenciales pérdidas que pueda generar su actividad. En este sentido, Mikel Echevarren, socio de Irea, es partidario de que las entidades financieras aporten un esquema de protección sobre los activos que transfieran o que la entidad pública pueda capitalizar las pérdidas que se deriven de la liquidación de los activos, de manera que el contribuyente no asuma coste alguno.
