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El Catastro y el Registro de la Propiedad firman un protocolo para ganar eficiencia y agilidad

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda han firmado una resolución que normaliza las comunicaciones entre ambos organismos. Dota de mayor seguridad jurídica al tráfico mobiliario, simplifica el trámite administrativo, al tiempo que facilita la coordinación de parcelas catastrales y fincas registrales, y favorece la inscripción de los bienes de dominio público para mejorar el servicio.

Con la resolución, suscrita por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, y el director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz, se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral. Y se articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.

Una iniciativa para aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario

Los objetivos de esta nueva normativa son aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario; incrementar la accesibilidad y la transparencia; remover barreras de acceso a la información inmobiliaria; reducir los costes; permitir la implicación de la ciudadanía que puede actualizar y rectificar la descripción de sus inmuebles. Simplificar, en definitiva, todo el trámite administrativo.

Además, se abordan temas importantes, no resueltos en el marco legal actual, como la necesidad de obtener un Informe de Validación Gráfica de Alternativas del Catastro (IVGA), para conseguir la coordinación de las representaciones gráficas georreferenciadas alternativas (RGGA). Y que permite conocer anticipadamente si el levantamiento topográfico realizado por un técnico se puede incorporar o no a la cartografía catastral.

Asimismo, se dan soluciones técnicas a los problemas derivados de las discrepancias geométricas, giros y desplazamientos cartográficos, lo que posibilita el correcto tratamiento de las comunicaciones recíprocas.

A su vez, se resuelve la necesidad de la representación gráfica y consiguiente certificación del solar de un edificio en división horizontal o el tratamiento de las representaciones gráficas alternativas en determinados supuestos, al tiempo que introduce conceptos prácticos esenciales como la precisión de cartografía, margen de tolerancia y, sobre todo, identidad gráfica de parcela.

Afrontar nuevos supuestos

El acuerdo concreta la información que se intercambia sobre los estados de coordinación e incluye la corrección o revocación de la misma y, además, aborda temas como la representación gráfica de los bienes de dominio público, la inscripción de los mismos y el tratamiento de los expedientes administrativos que suponen una reordenación de la propiedad y otros análogos. Finalmente, se aborda el caso de fincas situadas sobre territorios pertenecientes a más de un registro.

Igualmente, permite afrontar nuevos casos y supuestos, de modo que se facilita la coordinación de parcelas catastrales y fincas registrales, se favorece la inscripción de los bienes de dominio público y se aumenta la cantidad y calidad de los intercambios de información entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, de forma segura y coordinada.

La resolución se suma a la resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y de la Dirección General del Catastro que regula los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los registros de la propiedad, de 26 de octubre de 2015.

Según la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, se completa y mejora el sistema de comunicaciones entre ambas instituciones. El objetivo final es conseguir una mayor eficiencia con «un paso adelante en la buena dirección».

Por su parte, el director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz, ha destacado que permite mejorar la accesibilidad y transparencia de los servicios públicos, la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, la simplificación administrativa y la atención al ciudadano, además de reducir costes para los intervinientes.

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