Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que 458.000 nuevos hipotecados se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros, a una media de 2.500 euros de AJD por hipoteca, después de la aprobación del decreto ley para que sean los bancos los que asuman el impuesto.

De esta manera, los técnicos ven «positivo» que el Gobierno haya aclarado la norma, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas por el Supremo. Por territorios, los técnicos calculan que Andalucía será donde más beneficiarios habrá y Ceuta donde menos.

En concreto, para Andalucía estima 85.874 hipotecas, con un importe de 231 millones de euros; Madrid, con 83.288 beneficiarios y 189 millones de euros; y Cataluña, con 70.469 beneficiarios y 259 millones de euros.

Por otra parte, Gestha no duda de que las tres Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra modificarán sus normas forales para hacerlas coincidir con la entrada en vigor de la modificación de la Ley estatal en beneficio de los hipotecados en estos territorios.

Sentencias de ida y vuelta

No obstante, Gestha lamenta que el Supremo haya «frustrado» las expectativas de 1,5 millones de contribuyentes, después de que el Pleno del Alto Tribunal decidiera ayer revocar la nueva doctrina que los magistrados habían establecido el pasado día 18 de octubre.

Así, tras el pronunciamiento del Pleno del Supremo, las comunidades autónomas no podrán atender las solicitudes de rectificación de la autoliquidación del AJD y devolución del ingreso indebido.

Igualmente, los técnicos señalan que el Pleno del Supremo «salva a la banca» del pago del impuesto en los últimos cuatro años porque cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva dentro de unos años habrá prescrito la posibilidad de obtener la devolución, salvo para las personas que hayan recurrido.

En detalle, Gestha calcula un impacto del AJD de los últimos cuatro años de 3.630 millones de euros, con un total de 1,45 millones de deudores.

Inseguridad jurídica y descrédito de instituciones

En este sentido, consideran que desde el punto de vista técnico-tributario las sentencias del Tribunal Supremo estaban muy fundamentadas cuando señalaban a las entidades financieras como obligadas al pago de este tributo, y destacan lo «inédito» que resulta una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas, generando «una crisis de credibilidad en la Justicia española sin precedentes».

Asimismo, Gestha recuerda que nunca se ha discutido que el hecho imponible del AJD en los préstamos hipotecarios es la constitución de la garantía hipotecaria, cuya escritura insta la entidad en su interés, y la ley estatal vigente establece que el obligado al pago es el interesado en la expedición de la escritura y, por tanto, debe ser el banco quien pague.

De forma paralela, los técnicos opinan que el fallo del Alto tribunal, después del cambio de criterio y la división de opiniones de los magistrados, «genera inseguridad jurídica y agrava el descrédito de algunas instituciones públicas, lo que en última instancia podría traducirse en una desconfianza de los ciudadanos en torno a la independencia del poder judicial».

Vigilancia de la CNMC

Los técnicos apuntan que la banca tiene músculo suficiente para asumir el pago anual del impuesto de las hipotecas, cuyo importe estimado apenas representa el 8,7% de los beneficios del sector en solo los primeros nueve meses del año, donde lograron un beneficio neto de 13.229 millones, un 13% más que en el mismo período de 2017.

Finalmente, Gestha pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile a la banca para que las entidades no acuerden repercutir a los clientes el pago del AJD, después de que el presidente del Gobierno haya apelado a la responsabilidad del sector para que no encarezcan las hipotecas.