El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que el Gobierno se ha marcado el objetivo de ir «un poco más allá» de la valoración efectiva de las situaciones de personas afectadas por los desahucios impulsando medidas coordinadas con los servicios sociales competentes y que las administraciones puedan habitar una solución alternativa habitacional para evitar que personas en situación de vulnerabilidad queden en desamparo.

Así lo ha señalado Ábalos durante su intervencion en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora de Podemos María Pilar Garrido sobre si el Gobierno piensa tomar alguna medida para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas respecto a la vulneración del derecho a la vivienda en los casos de desahucios sin alternativa habitacional.

Ábalos ha defendido que desde el Gobierno se están potenciando las medidas «adecuadas» para analizar la situación de vulnerabilidad en cada caso de desahucio, y que la meta es ir «un poco más allá» y coordinarse con las administraciones para que éstas puedan habilitar una alternativa habitacional.

Según ha explicado, en esta línea se inscribe el plan presupuestario, que incluye un apartado «importante» en materia de vivienda, si bien ha puntualizado que este ámbito no es solo competencia de Fomento, sino que también lo es de Justicia, que está dando soluciones relacionadas con la prestación de servicios sociales.

En este sentido, ha explicado que las competencias de Fomento en este ámbito pasan por cubrir la función social de la vivienda, facilitando la vivienda de alquiler y evitando la enajenación de vivienda social.

De su lado, la senadora de Unidos Podemos Pilar Garrido ha criticado que no se haya ofrecido «ni una sola medida» para garantizar cómo hacer frente a los desahucios sin alternativa habitacional tras las resoluciones del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, máxime cuando los «dramas» del desahucio siguen sucediéndose ante el incremento de los mismos reflejado por los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Es imparable, hay 115 familias desahuciadas al día por impago de renta de alquiler», ha alertado Garrido, quien ha repasado varios casos de personas mayores y familias con niños, y ha exigido que se reforme el marco legal porque «permite y ampara la vulneración de derechos humanos».

De esta forma, ha pedido a Ábalos que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil para desahucios con el fin de cumplir las garantías mínimas de derechos humanos. «Aquel Estado donde se incumplen los derechos humanos no es un Estado verdaderamente democrático», ha enfatizado.