El País, Juana Viúdez, 28 de abril – Ni iglesias, ni casas de playa o recintos monumentales. El Gobierno ha decidido eximir a estas construcciones de los imperativos de la eficiencia energética por lo que no tendrán que contar con certificados sobre su gasto eléctrico, someterse a controles, ni recibir consejos de ahorro por parte de las autoridades competentes. Un Real Decreto publicado el 13 de abril obliga a que todas las viviendas que se vendan o arrienden a partir del 1 de junio tengan certificados de eficiencia energética, que cuestan una media de 200 euros, y se sometan a controles periódicos. También están sometidos los edificios privados de más de 500 metros cuadrados frecuentados por el público, independientemente de que se vendan o no.
Con este Real Decreto, el Gobierno ha integrado en la normativa española dos directivas europeas, una de 2002 y otra de 2010. La última da la opción a los países miembros de que liberen a una serie de construcciones de la obligatoriedad de tener estos certificados, entre los que están las iglesias, inmuebles habitados un máximo de cuatro meses al año o cuyo consumo anual de energía no supere el 25 % del anual de ese tipo de vivienda, es decir, las segundas residencias; edificios protegidos por su valor histórico o inmuebles menores de 50 metros cuadrados, entre otros. Industria, de quien depende esta normativa, ha optado por eximir a todos los que le permite la UE y añadir una excepción más: la de los edificios que se compren para reformas importantes o demolición.
Estos certificados se exigían en España desde 2007, pero solo a las construcciones nuevas. En 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó al Estado español a que adaptara por completo la directiva de 2002 y que los reclamara también al parque de viviendas existente. La sentencia se ha acatado con casi tres años de retraso. En Francia, por ejemplo, los anuncios de venta o alquiler de casas ya se acompañan de su calificación energética.
A pesar de que no se exigirá estos certificados a las casas de veraneo, algo que constituiría un gran nicho de mercado, el sector de la construcción y de las energías renovables lo ha recibido con los brazos abiertos. “Es una esperanza para la formación de empresas y trabajadores en un campo de futuro, para el ahorro energético y para la recuperación del sector de la construcción sobre nuevas bases”, contempla el arquitecto Carlos Hernández Pezzi, expresidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y gran defensor de la rehabilitación de viviendas como salida a la crisis que atraviesa el sector.
“Supondrá un desembolso de unos 200 euros para los propietarios, pero desde el punto de vista de quien alquila o compra, poder ahorrar un dinero al año en electricidad o calefacción puede hacerles decantarse e incluso pagar algo más”, opina Francisco Valverde, presidente de la Asociación de Consumidores de Energía, fundada en 2010. En la Fundación Renovables, grupo que busca cambiar el modelo energético con ahorro, eficiencia y energías renovables, calculan que el precio de las viviendas se puede incrementar hasta un 20 % con la máxima calificación energética.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de controlar estos certificados. Tienen hasta el 14 de julio para elaborar los listados de edificios con estas acreditaciones y han de informar cada seis meses al Ministerio de Industria de los cambios, inspecciones y resultados. El periodo de validez máxima de los certificados es de 10 años. Jorge Marco, socio de la Red de certificadores energéticos, lleva dos años preparándose para este momento. “Hemos creado un grupo de 145 técnicos energéticos repartidos por el país a los que hemos evaluado en el manejo de los programas informáticos oficiales”, explica. Marco asegura que desde que se anunció este Real Decreto, el 5 de abril, ha recibido numerosas peticiones de información de particulares, empresas o patrimonialistas.
El Gobierno no ha concretado aún los profesionales que podrán emitir los certificados, lo deja para una orden posterior que tienen que redactar entre los ministerios de Industria, Energía, Turismo y Fomento. “Es bastante ambiguo”, opina Adrián Sánchez, presidente de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación. Este colectivo ya ha solicitado al Gobierno que acelere los trámites, ya que debe concretarse antes del 1 de junio. En el sector entienden que se encargarán de ello arquitectos, aparejadores o ingenieros industriales. Sin embargo, la puerta está abierta a otros técnicos.
Las estafas, los engaños y el intrusismo sobrevuelan este nuevo mercado. Las regiones se encargarán de comprobar que los inmuebles cuentan con estas acreditaciones y que las categorías que se les atribuyen sean las correctas. Cuando un comprador o arrendador tenga dudas sobre la veracidad de algún certificado podrá consultarlo en los registros, que serán públicos. A más largo plazo, el Real Decreto fija la obligatoriedad de que todos los edificios levantados a partir de 2020 tengan un consumo de energía casi nulo. Abrirán camino los inmuebles públicos, que deben cumplir este requisito en 2018.
