El número de desahucios practicados en 2021 ascendió a 41.359, cifra un 40,6% superior a la de 2020 pero un 23,4% por debajo de la de 2019, antes de la pandemia, según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha precisado que estos datos no afectan sólo a viviendas, sino también a otros inmuebles.

Siete de cada diez lanzamientos registrados en 2021, concretamente 28.993, fueron procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 10.103 (el 24,4%) fueron consecuencia del impago de hipotecas y los 2.263 restantes obedecieron a otras causas.

Tomando sólo los desahucios derivados del impago de la hipoteca, éstos repuntaron un 46,1% en relación a 2020, pero bajaron un 28,8% respecto a 2019. Por su parte, los lanzamientos derivados de la LAU (impago del alquiler) se incrementaron un 37,1% sobre 2020 y disminuyeron un 20,5% e relación a 2019.

Cataluña, con 9.398 (el 22,7% del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en 2021, seguida de Andalucía, con 6.615; la Comunidad Valenciana, con 6.182, y Madrid, con 4.039.

Incremento del 36,2% en las ejecuciones hipotecarias

Según los datos del CGPJ, en 2021 se iniciaron 27.874 ejecuciones hipotecarias, un 36,2% más que en 2020. No obstante, en comparación con 2019, antes de la irrupción del Covid, las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 28,8%. El mayor número se dio en Cataluña, con 5.848; seguida de Andalucía, con 5.703; Comunidad Valenciana, con 4.794; Madrid (2.523) y Murcia (1.675).

Crecen también los concursos

La estadística del CGPJ también muestra un aumento, en este caso del 37,5%, del número de concursos presentados en 2021, hasta sumar un total de 18.892. Esta cifra supera además en un 57% la de 2019, antes de la pandemia, según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ del Poder Judicial.

De los 18.892 concursos contabilizados el año pasado, 10.006 fueron presentados por personas físicas sin actividad empresarial, cuya competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción. Los 8.886 concursos restantes se registraron en los Juzgados de lo Mercantil y de ellos, 5.374 eran de personas jurídicas y 3.512 de personas físicas empresarios.

Los concursos de personas físicas sin actividad empresariales se incrementaron en 2021 un 45,6% respecto a 2020 y casi duplican los de 2019. Cataluña fue la comunidad autónoma con más concursos de este tipo, con un total de 2.642, seguida de Madrid, con 1.661; Andalucía (1.307), y la Comunidad Valenciana (1.243).

En el caso de los concursos de empresas, Cataluña también registró el mayor número, con 2.976, un tercio del total nacional. Le siguen Madrid (1.518) y Comunidad Valenciana (1.178). Estos concursos se incrementaron en toda España un 29,4% respecto a 2020 y un 27,9% en relación a 2019.

Los procedimientos por cláusulas suelo suben un 5 %

De acuerdo con el informe, los procedimientos monitorios presentados en 2021 fueron 804.686, lo que supone un incremento del 13,5% respecto a 2020 y del 11,6% en relación a 2019.

Según explica el CGPJ, el procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En 2021 ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas suelo 116.293 asuntos de esta naturaleza, un 5% más que en 2020. Se dictaron 123.938 sentencias.

Más de 3.700 ocupaciones ilegales de vivienda

En 2021 se registraron 3.479 asuntos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 1% más que en 2020 y un 13,4% menos que en 2019. En Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 930, que representan el 26,7% del total nacional. Le siguen Andalucía, con 814; la Comunidad Valenciana, con 423, y Madrid, con 263.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.