El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha evitado poner fecha a la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, una norma que Unidas Podemos vincula a la negociación para los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
«No me gusta poner fechas que luego generan frustración. Lo que quiero es que haya Ley de Vivienda y por eso, en vez de poner límites temporales, trabajemos. ¿Cuándo? Cuanto antes esté, mejor», ha dicho en declaraciones al programa ‘Parlamento’ de RNE.
Así ha respondido al recordársele el interés de su socio de Gobierno en alcanzar un acuerdo para esta ley dentro de la negociación para los nuevos Presupuestos. Las dos cuentas públicas anteriores se cerraron con compromisos sobre esta ley.
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Más de 800 enmiendas
En la entrevista, recogida por Europa Press, ha justificado el retraso en la tramitación en las más de 800 enmiendas registradas por las distintas formaciones parlamentarias. «Tiene mucha cocina; mucho que hablar entre los grupos. Esto se resuelve de la noche a la mañana», ha avisado, a la vez que ha reconocido que a veces en este tipo de debates surgen «malentendidos» y hay que intentar aunar «posiciones muy alejadas».
«Porque lo que queremos es que haya una Ley de Vivienda, no una mala ley, sino la mejor posible», ha dicho, encuadrando esta regulación en «una de las prioridades del país» y, por tanto, reiterando el «compromiso» de sacarla adelante en esta legislatura.
Tras dos acuerdos de Presupuestos entre PSOE y Unidas Podemos referidos a la Ley de Vivienda – el último para asegurar que sí habrá intervención de los precios del alquiler- el Gobierno aprobó el proyecto en Consejo de Ministros y lo envió al Congreso el pasado mes de febrero, donde los grupos se dieron algo más de dos meses para presentar enmiendas.
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La ponencia ni se ha constituido
Sin embargo, pese a que estas están registradas desde finales de abril, la ponencia de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue sin constituirse, ante la falta de apoyos del Gobierno para sacar adelante el texto.
De un lado, PP y Ciudadanos se oponen frontalmente a la regulación de precios planteada, mientras que ERC y EH-Bildu exigen respetar el marco competencial, adelantar y profundizar la intervención de precios e impedir de forma estructural los desahucios sin alternativa. También Unidas Podemos, que pese al acuerdo en el Gobierno para presentar la ley, ha presentado sus propias enmiendas.
