La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha lamentado el retraso en la aprobación de la Ley de Vivienda, tras el rechazo del informe de la norma por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y asegura que no hay conflicto competencial.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras visitar el Puerto de Barcelona, donde ha saludado a los miembros del consejo de administración y de la dirección del enclave, y ha visitado la terminal Hutchinson Ports Best acompañada por su CEO, Guillermo Belcastro; el presidente del Puerto, Damià Calvet, y el secretario de infraestructuras y movilidad del Govern, Isidre Gavín.

Ha defendido que la norma sobre vivienda tiene que ser una ley que se apruebe con las máximas garantías jurídicas y que no se produzca una invasión competencial, y ha dicho que en ella se establece cómo se debe producir esa limitación de los precios del alquiler.

«No supone ningún conflicto en ningún caso porque, insisto, se hizo la propuesta de esa ley y el contenido de la ley estamos seguros que cumple estrictamente con la ley y también respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas», ha defendido.

Sánchez ha sostenido que ahora habrá que esperar al informe que se emite el 27 de enero, cuando tendrá lugar el pleno ordinario, para luego valorarlo: «Como no puede ser de otra manera, tomaremos en consideración el contenido del informe que sea definitivo para poder adaptar la ley si es preciso a las consideraciones que se realicen».

«Desde el Ministerio ya se remitió la ley a principios de diciembre con la voluntad y vocación de tenerlo lo antes posible, pero en cualquier caso es una ley muy importante, trascendental y que pretende garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada que muchas veces hemos insistido, y que por tanto debe contar con las máximas garantías y toda la seguridad jurídica y esa es nuestra voluntad», ha añadido.

Los vocales del CGPJ, que se reunían el viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, acordaron rechazarlo y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.

El texto del Ejecutivo recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda.