Unidas Podemos ha vuelto a desmarcarse del PSOE en materia de vivienda por segundo día consecutivo al aliarse con ERC y la CUP para reclamar en el Congreso la suspensión de todo desahucio sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos. Esta propuesta va en línea con la enmienda que la formación que comparte Gobierno con el PSOE registró a los Presupuestos de la mano de ERC y Bildu.

En concreto, lo que han pactado Unidas Podemos, ERC y la CUP ha sido una enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso Europa Press, que reclama además otras medidas como la regulación de los alquileres, la movilización de inmuebles de la Sareb a un parque público de vivienda, acabar con privilegios fiscales de las Socimis y la renuncia a recurrir la Ley catalana de alquileres.

La enmienda tiene origen en la moción defendida por la CUP en el Pleno del Congreso, consecuencia de la interpelación dirigida en octubre por su diputada Mireia Vehí al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El PSOE estudiará la cuestión

El PSOE ha aceptado iniciar los estudios pertinentes para una nueva prórroga, recordando que actualmente hay una moratoria de los desahucios por situaciones de vulnerabilidad provocadas por la pandemia e «intensificar y mejorar» las cesiones de la Sareb al parque público, pero ha declinado suscribir esta enmienda.

En materia de regulación de alquileres, su diputada Eva Bravo ha recordado que el Gobierno de coalición tiene un compromiso para regularlo en tres meses y llevar una ley al Congreso en el plazo de cuatro, pero ha delegado la decisión de recurrir o no la ley catalana en el dictamen de «los servicios jurídicos competentes».

«¿Faltan casas? No, sobran rentistas», ha criticado en su intervención Vehí, tildando de «cosa escandalosa» que en plena pandemia puedan permitirse desahucios, tengan origen por la crisis provocada por la pandemia o por situaciones previas.

Durante el debate de la iniciativa, han rechazado estas propuestas el PP, Vox y Ciudadanos, mientras que Junts y el PNV, que han cuestionado los efectos de una posible regulación de los precios, han avanzado su abstención en la votación prevista para este jueves.