El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley impulsada por el PDeCAT para agilizar los desahucios de viviendas ocupadas, que se aprobó en las Cortes antes del verano.

El grupo confederal justifica su recurso de inconstitucionalidad en que la norma, que modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, vulnera derechos recogidos en la Constitución, como el derecho la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva.

Así, denuncia que permite la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables, algo contrario a los tratados internacionales en relación con la vivienda, y señalan que ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impide la posibilidad de alegar si los ocupantes no pueden demostrar su derecho sobre esa vivienda en ese plazo.

La norma, abunda Unidos Podemos, tampoco cuenta con medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad, una circunstancia que critican, al considerar que la primera ley de vivienda que aprueba esta legislatura la Cámara Baja «en lugar de para proteger el derecho a la vivienda de miles de familias vulnerables sea para poder desahuciar sin ninguna garantía de realojo digno».

«El problema central de esta ley es que ataca el derecho básico a un juicio justo, puesto que limita de forma brutal el derecho de defensa y al mismo tiempo no cumple con los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos», ha explicado el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral.

Creen que los fondos podrán acogerse a la ley

Unidos Podemos critica también que, aunque la ley excluye a gestores privados de vivienda social, bancos y fondos buitre, «en la práctica la ley podría ser utilizada de forma fraudulenta por parte de fondos buitre».

En este sentido, denuncia que estas entidades «han comprado a los bancos a precios de saldo gran cantidad de viviendas habitadas por familias y, que a su vez, ya han sido transmitidas a personas físicas vinculadas directamente con dichos fondos para eludir normativa que protege a estas familias en otros procedimientos».