El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy, un Real Decreto-ley que contiene un conjunto de medidas necesarias para la reactivación económica en los ámbitos de los transportes y de la vivienda. El objetivo es hacer frente al impacto de la COVID-19.
Este Real Decreto-ley supone un esfuerzo presupuestario, inversor y financiero sin parangón para empresas públicas y privadas. Con ello el Gobierno complementa para el sector de los transportes otras medidas adoptadas previamente, como los 800 millones destinados al transporte público en las Comunidades Autónomas y los avales y ayudas fiscales al sector, para dar respuesta a la crisid de la COVID-19 y que son coherentes con los criterios y directrices de la Comisión Europea sobre los que se ha de orientar la reactivación económica del sector.
Medidas en el ámbito de la vivienda
El Real Decreto-ley aprobado hoy recoge un conjunto de medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda que permiten garantizar la protección de las familias y colectivos vulnerables. Así como impulsar la reactivación de la economía en el citado sector, como complemento de otras medidas adoptadas hasta la fecha.
En este sentido, se da un primer paso en la regulación del derecho de superficie para la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible por parte de promotoras privadas. Con esto se quiere impulsar la regeneración del territorio y la rehabilitación urbana como palancas de la recuperación económica y la creación de empleo.
Con el objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se flexibilizan las condiciones. Incrementando, por un lado, de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y permitiendo, por el otro, a estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas donde sea más necesario.
Asimismo, con el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible o social para personas especialmente afectadas por la crisis, se pretende dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos jurídicos que permitan una colaboración efectiva en los distintos ámbitos de su actuación, ya sea estatal, autonómico o local. Así como mecanismos adecuados para articular la cooperación con operadores económicos.
