La Dirección General de Tributos (DGT) está estudiando la nueva Ley de Trabajo a Distancia y prevé pronunciarse antes de fin de año sobre cómo deben tributar los gastos que paguen las empresas a sus empleados por el teletrabajo y aclarará su criterio sobre si estas retribuciones son en especie.

Además, Hacienda introducirá procedimientos para agilizar la tramitación de las consultas sobre tributos, cuya respuesta media es de 200 días, al tiempo que la AEAT lanzará en breve las administraciones de asistencia digital integral, herramientas para obtener respuestas nominativas de la AEAT, un programa de ayuda a la declaración censal y un importador de los libros del IVA en la Renta 2020.

Así lo han detallado la directora general e Tributos, María José Garde, y el director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria, Gonzalo David García de Castro, en unas jornadas fiscales organizadas por la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF).

«Antes de fin de año seguramente habremos dicho algo», ha asegurado Garde sobre el criterio de Tributos respecto a las retribuciones en especie de los elementos para desarrollar el teletrabajo, de forma que se aclare si la cantidad que abonará la empresa al empleado para cubrir determinados gastos, como la luz o el agua por teletrabajar al menos un 30% de su jornada semanal, se consideran retribución en especie y por tanto deben tributar en el IRPF.

La nueva ley establece que el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.

Agilizar consultas sobre tributos: se responden en 200 días

Asimismo, Garde ha indicado que el número de consultas tributarias ha crecido casi un 70% en los últimos diez años y el de consultas resueltas casi un 50%, siendo además más «complejas» por un entorno económico y legislativo «cada vez más complejo, extenso y profuso». En los diez primeros meses de 2020 la entrada de consultas bajó un 7% por la menor actividad económica por el estado de alarma, pero aumentó el número de consultas firmadas un 10%.

En 2019 salieron de la Dirección 3.500 consultas y se recibieron casi 6.000, ha detallado Garde para mostrar las dificultades para resolver las consultas, teniendo en cuenta además que entre 2015 y 2019 el número de inspectores descendió un 8% y los técnicos un 9%. El personal de la Dirección ha disminuido de los 143 a alrededor de 130 efectivos.

El aumento de consultas, los menores efectivos y el aumento de otros trabajos ajenos a las consultas, como informes de proyectos normativos de ley, iniciativas legislativas del Congreso o el ámbito internacional, conducen a que las respuestas tarden de media 200 días.

Por ello, a nivel interno pretenden dar un «vuelco» en un plazo de dos o tres años para poder reducir el tiempo de respuesta, de forma que se estudia la posibilidad de recurrir a resoluciones que den respuesta a preguntas repetidas para disminuir las consultas individualizadas, así como medidas organizativas que introduzcan procedimientos informáticos para agilizar la tramitación.

Asistencia digital, declaración censal y libros del IVA

Por su parte, el director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, Gonzalo David García de Castro, ha avanzado que «en breve» se van a crear determinadas administraciones de asistencia digital integral y algunas novedades en materia de declaración del IVA, como el lanzamiento de una calculadora de sectores diferenciados, herramienta que se sumará al localizador de entrega de bienes y servicios, el calificador inmobiliario, la calculadora de plazos de modificación de bases imponibles o la de prorratas.

Ha anunciado también que se van a lanzar localizadores para obtener una respuesta nominativa a consultas, de forma que los asesores y profesionales tributarios tengan una «garantía» de una respuesta por escrito de la AEAT sobre un cliente con nombre y apellidos ante posibles comprobaciones futuras. También se trabajará para dar «la misma respuesta a las mismas preguntas» en cualquier mostrador del organismo.

Otras novedades son el lanzamiento de un programa de ayuda para la declaración censal (se presentan unos 4,5 millones), que estará operativo a finales de este año o principios de 2021 y que permitirá a los profesionales tributarios presentar declaraciones censales con el contraste previo de la situación del censo de la AEAT.

«Será una especie de Renta Web censal», ha explicado, detallando que cada año acuden 2,5 millones de personas a los mostradores de censos de oficinas de la AEAT. «Pretendemos facilitar la relación personalizada, simplificar y evitar trámites burocráticos innecesarios», ha enfatizado.

Por último, como novedad para la Campaña de la Renta 2020 estará en marcha el importador de libros del IVA en Renta Web, de forma que los contribuyentes que lleven los libros normalizados podrán incorporar de forma «automática e integrada» en el programa los libros de actividad económica en estimación directa simplificada a la declaración.

Esto afectará a unos 1,4 millones de contribuyentes en estimación directa simplificada. También en 2021 estará operativo en Canarias para el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), ha adelantado.

El responsable de la AEAT ha aclarado también que durante el estado de alarma se actuó solo en los casos en los que el contribuyente solicitó devoluciones y los plazos medios de devolución «no se
resintieron», al tiempo que ha garantizado una actividad sancionadora «con mesura y moderación».

El Defensor del Pueblo pide consenso político

De su lado, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha demandado un acuerdo político y económico-social «lo más consensuado posible» para superar la crisis y evitar «un aumento de la contestación social y de la crispación política», ante un panorama económico que continuará «ensombrecido y plagado de incertidumbres» y «ha dejado al descubierto el paro, la mala calidad del empleo, los bajos salarios que había debajo del crecimiento económico y la pobreza que provoca la falta de vivienda asequible».

Entre las quejas en materia impositiva, ha citado las diferencias territoriales del Impuesto de Sucesiones y las generadas por la denominada plusvalía municipal, así como, durante el confinamiento, las quejas de profesionales y asesores que alegaban que en el estado de alarma no podían cumplir plazos de presentación de declaraciones de IVA e IRPF de pymes y autónomos.

Por su parte, el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuan, ha explicado que se está intentando mejorar para resolver en el plazo legal los distintos procesos, y ha asegurado que los TEAC actúan con «absoluta independencia» en sus resoluciones de reclamaciones, que al año alcanzan la «barbaridad» de entre 180.000 y 200.000, por lo que se trabajará para mejorar la seguridad jurídica y reducirlas.

Desde el Gabinete de Estudios de Fettaf, Ricardo Perpiñan ha criticado que los «abusos» de los reales decretos se han «consolidado» y «reza la primacía del poder ejecutivo frente al legislativo», lamentado que ha quedado apartada en los últimos años «la seguridad jurídica, la garantía y los derechos de los contribuyentes». Aunque ve un «muy buen instrumento» el código de buenas prácticas, ha dicho que son «un tanto escépticos con su aplicación efectiva».