Unidas Podemos ha planteado en el Gobierno, con vistas a la nueva Ley de Vivienda, que las comisiones que cobran las inmobiliarias, tanto en las operaciones de compraventa de viviendas como de alquiler, las abonen los propietarios frente a la situación actual, que son asumidas por el inquilino o el adquiriente del piso.

Así lo detalla la Vicepresidencia de Derechos Sociales en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por el diario ‘La Información’, para su traslado al Ministerio de Transportes, la otra parte implicada en la elaboración de dicha normativa.

Una medida en la línea con el acuerdo de gobierno de coalición, que en su punto 29.9 detalla en materia de vivienda que «los honorarios correspondientes a las gestiones realizadas por la empresa inmobiliaria, bien en operaciones de compraventa como en alquiler de inmuebles serán satisfechos por el vendedor o arrendador, respectivamente».

Las negociaciones entre los dos socios de gobierno se congelaron por motivo de las elecciones catalanas y la previsión es que se reactiven de forma inminente. Y es que el plazo inicialmente fijado era poder tenerla lista este mes de febrero.

Podemos quiere fijar la figura de gran tenedor en cinco propiedades

Unidas Podemos ha trasladado varias medidas para su inclusión en la nueva Ley de Vivienda. Como fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propiedades (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más). Obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.

Los contactos han revelado «diferencias sustanciales» entre ambas formaciones sobre el contenido de la reforma. En el ala morada de la coalición han reprochado al PSOE que no responda o ignore sus planteamientos.

De hecho, temen que los planteamientos del departamento que dirige José Luis Ábalos sean poco ambiciosos y se limiten a un modelo de incentivos, similar al que se despliega en Portugal. A juicio de la Vicepresidencia Segunda ha fracasado a la hora de regular el precio del alquiler y bajar las rentas que soportan los inquilinos.

En el acuerdo de coalición, y después refrendado en el pacto específico sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), PSOE y Unidas Podemos pactaron desplegar la regulación del precio del alquiler para mercados en zonas tensionadas.